Los ocho sujetos presuntamente involucrados en una red de explotación sexual en el sur del país pasaron este martes a control de detención y formalización y quedaron en prisión preventiva.
En la audiencia se conocieron más antecedentes respecto a esta organización, que operaba en las ciudades de Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. En operativos simultáneos se allanaron nueve domicilios y se detuvo a ocho personas: seis chilenos y dos colombianos.
"Hemos logrado establecer la existencia de una verdadera organización, donde existen líderes, distribución de funciones y personal operativo que se dedica concretamente a captar personas en Colombia, que son traídas muchas de ellas bajo engaño y aprovechando su situación de vulnerabilidad", explicó el fiscal Cristián Paredes.
Diez de ellas son colombianas, que se suman a otras 22 mujeres, y eran "distribuidas en distintas partes del país para efectos de explotarlas y que ejercieran el comercio sexual", agregó Paredes.
Mientras que el fiscal de Temuco, Alberto Chiffelle, indicó que "lo que es delito aquí es administrar el aprovechamiento de la decisión que pueden haber tomado las víctimas, y algunas de ellas coaccionadas, presionadas o desconociendo absolutamente la labor que iban a hacer en el país".
También se conoció que uno de los chilenos involucrados, domiciliado en Osorno, ejerce como profesor de Educación Media y es sostenedor de un colegio.
La investigación comenzó en junio pasado debido a una denuncia de una de las mujeres afectadas. Las víctimas, en tanto, fueron derivadas a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Temuco.
Las mujeres vivían encerradas en habitaciones monitoreadas las 24 horas por cámaras de seguridad.
Respecto al trabajo policial, el prefecto de la PDI Temuco, Víctor Pérez, detalló que "las detenciones de produjeron acá en Temuco algunas, son tres mujeres y cinco hombres".
"Estas detenciones tienen que ver con un trabajo profesional, basado en peritajes, en pruebas, en evidencias que permitieron la detención de estas personas", agregó.
El tribunal decretó cinco meses para la investigación.
