A través de una declaración pública la Sociedad Nacional de Agricultura condenó "los atentados contra siete camiones" registrados en las comunas de Ercilla y Victoria durante la noche del miércoles, que motivaron que la Fiscalía y el Gobierno decidieran invocar la Ley Antiterrorista.
El gremio indicó que los ataques "confirman el fracaso de la estrategia desplegada por el Estado para combatir estos actos terroristas" y calificó como "de extrema gravedad que el país sea testigo de cómo la violencia en la Región de la Araucanía y otras regiones del sur del país sigue radicalizándose".
"Valoramos que Gobierno haya invocado la Ley Antiterrorista, pero junto con ello urge que disponga de acciones eficaces, así como también se rediseñen los protocolos con que opera la fuerza pública para desarticular a los grupos violentistas que buscan infundir temor y amedrentamiento, con el consiguiente daño a personas inocentes y su patrimonio", señala la nota (ver archivo adjunto).
"Reiteramos nuestro llamado a los poderes públicos y, en particular al Poder Ejecutivo, a que recurran a facultades como las contempladas en nuestra Constitución Política, como son los Estados de Excepción para restablecer el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona", remató la SNA, que anunció "una visita durante la próxima semana a la Región de la Araucanía" para contactarse con "las familias afectadas de manera de coordinar futuras acciones".
DC apoya decisión del Gobierno
Desde los gremios productivos y los partidos políticos de derecha han criticado con insistencia la reacción del Gobierno frente a este tipo de hechos. Cabe recordar que el año 2013, siendo candidata, Michelle Bachelet señaló que "en ningún caso" volvería a aplicar la Ley Antiterrorista en La Araucanía.
No obstante, a enero de este año el Ejecutivo ya había presentado 19 querellas por esta norma. Sin perjuicio de ello, el ministro del Interior, Mario Fernández, tuvo que explicar en la víspera la decisión: "Cuando el Ministerio Público, que es la institución que se aboca a una investigación y que califica el delito que ha ocurrido, adopta una línea procesal, normalmente el Ministerio del Interior sigue esa línea", dijo el jefe de gabinete.
El diputado DC por la zona, Fuad Chahín, afirmó que el Gobierno no debe tener miedo de usar las leyes vigentes y "tiene que respaldar al Ministerio Público y tiene que presentar querellas, hacerse parte y ser un auténtico coadyuvante de la Fiscalía en la investigación penal".
"Creo que las señales aquí son claras: un hecho como éste, a pocos kilómetros de donde está la Prefectura de Fuerzas Especiales en plena Ruta 5, con la violencia que ocurrió, a mí me parece que debe generar una reacción rápida y sin ningún tipo de titubeo por parte del Gobierno, así que yo respaldo y valoro las acciones que se han anunciado", dijo Chahín.
A toda esta situación se suman las críticas al intendente Miguel Hernández, quien en una entrevista radial dijo estar pasando momentos personales difíciles que lo hacen sentirse "débil" para tomar decisiones.
