Dos hombres y una mujer fueron detenidos en las cercanías de Lautaro, Región de La Araucanía, acusados de extorsionar a agricultores en el marco del proceso de cultivos del trigo en la zona.
La detención ocurrió por una investigación que desarrolla la PDI contra los sujetos, miembros de la comunidad mapuche We-Mapu.
La Fiscalía sostiene que los acusados cobraban a cada agricultor alrededor de cinco millones de pesos, luego de amenazarlos con quemar sus siembras.
El fiscal regional Roberto Garrido precisó que "en contexto de una investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, se logró la detención de dos personas asociadas a diversos delitos, entre ellos amenazas no condicionales, secuestro y hurto. La investigación se enmarca dentro de la estrategia de perseguir las diferentes vías de financiamiento de grupos violentistas, que logran a través de la vía de las amenazas y la intimidación, recursos para las causas más violentas".
Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores de Victoria y Malleco, dijo que "dependerá de nosotros que Fiscalía tenga material para que pueda ir detrás de todas las personas que están extorsionando a cada uno de los agricultores de la Región de La Araucanía".
"Es por eso que volvemos a hacer el llamado a denunciar, necesitamos que todos los extorsionadores estén detenidos. No flaqueemos más ante esta presión. Sabemos lo difícil que es tomar la decisión, pero sin duda que hoy día está teniendo consecuencias y buenas consecuencias para nosotros", añadió el dirigente.
LOS TRES IMPUTADOS A PRISIÓN PREVENTIVA
Por todo lo anterior, los tres imputados pasaron a control de detención durante este miércoles en el Juzgado de Garantía de Lautaro, que decidió dejarlos en prisión preventiva.
La Fiscalía los imputó por su presunta "participación en los delitos de usurpación no violenta, amenazas condicionales, secuestro y hurto", informó el fiscal Enrique Vásquez, que agregó que al tercero de los acusados, además, "se le comunicó que estaba siendo investigado por la tenencia ilegal de arma de fuego".
"La medida decretada por el tribunal, a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad, es la prisión preventiva, entendiendo que la libertad constituye un peligro para la seguridad de las víctimas y también de la sociedad", explicó el persecutor.