La Fiscalía sostiene que las mujeres simulaban la asistencia de sus hijos a la educación pre escolar para embolsarse una subvención.
La causa involucra a más de 100 personas, entre ellas a dueños de tales establecimientos.
Consejo de Defensa del Estado es querellante en la causa.
Diecisiete funcionarias de Carabineros fueron formalizadas este lunes en el Juzgado de Garantía de Temuco por fraude al fisco y apropiación indebida, por un caso ligado a subvenciones de jardines infantiles.
La Fiscalía de La Araucanía explica que -según la indagatoria, que comenzó en 2016- las funcionarias simulaban que sus hijos asistían a clases, cuando eso no ocurría, y por esta vía se embolsaban una subvención pública.
Afirma que para este fraude configuraron una asociación ilícita con funcionarios públicos y dueños de jardines y salas cunas.
El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para las imputadas -una decimoctava imputada no asistió a la audiencia por problemas de salud- y fijó un plazo de investigación de seis meses.
AHORA: Juzgado de Garantía de Temuco decretó arraigo nacional a 17 carabineras y a 2 civiles, imputadas como autoras de fraude al fisco en el uso de la subvención por sala cuna. El tribunal fijó en 6 meses el plazo de investigación. pic.twitter.com/9AdcJNNCEh
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 16 de septiembre de 2019
El fiscal Roberto Garrido explicó que el fraude compromete "un monto superior a los 300 millones de pesos", y detalló que la investigación envuelve a más de 100 personas.
"No solamente involucra a funcionarios de Carabineros, sino también a funcionarios municipales, y las líneas de investigación involucran a varios jardines infantiles", dijo Garrido.
Por su parte, el fiscal Luis Torres señaló que en la fórmula utilizada por los imputados existe un acuerdo con el dueño del establecimiento educacional.
"Existe un acuerdo entre los propietarios con algunos funcionarios – no solamente, en principio, de Carabineros, sino también de otras reparticiones públicas-, en los que ellos se comprometen a no llevar a sus hijos y la prueba más clara es que ellos ( los propietarios) facturan por una cantidad de alumnos que es imposible de absorber, por condiciones físicas y por autorización de la Junji", explicó el persecutor.
Luego, precisó Torres, "presentan listas falsas de asistencia, cobran subsidio de sala cuna, que el Estado brinda a todo hijo menor de dos años, y se reparten entre el dueño de la sala cuna y el funcionario el 50 por ciento del subsidio para cada uno".
Dionisio Ulloa, defensor de algunas de las imputadas, valoró que no se decretara la medida cautelar de prisión preventiva.
"De alguna forma el plazo era un poco excesivo y las medidas cautelares también nos parecían excesivas atendido el plazo transcurrido y que posiblemente son hechos que están prescritos, más allá de que por ahora esta defensa al menos mantiene que mis representadas son inocentes", sostuvo.
"Se ha acreditado que existen cheques cobrados, pero no se ha logrado establecer a nuestro juicio a que título fueron entregados a ellas dichos documentos, por ende, ellas podrían estar recibiendo algún beneficio por parte del jardín (...) creemos que lo podemos cuestionar hasta el día del juicio", insistió el abogado.
Hasta el momento se ha investigado a siete jardines infantiles: cinco en Temuco y otros dos en Padre Las Casas y Villarrica, en una causa en que el Consejo de Defensa del Estado es querellante.
