A tres meses de la movilización provocada por la crisis de la marea roja en Chiloé, comienza a reactivarse los sectores productivos mientras que los acuerdos pactados entre el Gobierno y los pescadores para hacer frente a la emergencia se materializan lentamente.
Luego del conflicto de mayo, el Gobierno dispuso de una serie de instrumentos para repactar deudas con los bancos, entregar capacitaciones y formular proyectos para absorber la mano de obra cesante entre las personas dedicadas a la extracción de mariscos.
Adolfo Alvial, secretario coordinador para la contingencia de marea roja de la Región de Los Lagos, indicó a Cooperativa que frente la crisis que produjo la marea roja, se inyectaron recursos en materia social que bordean los 8 mil millones de pesos.
"En el gasto directo que está asociado con lo social, lo que está estimado por el momento del fomento productivo, en ese tipo de apoyo alcanza a más de 8 mil millones, pero a parte de eso, en materia que se hicieron posible por financiamientos o refinanciamientos a través de garantías Corfo por más de 6.500 millones a la fecha", indicó.
"Hay más de 450 operaciones que se han concretado a través de la banca que acortan marcha de condiciones especiales de crédito, prorrogas, renegociaciones que han sido muy útiles para otros sectores también afectados, no solo los que se ven directamente afectados como la pesca artesanal, sino los que están inmediatamente después en la cadena como feriantes, cocinerías, que desde luego utilizan los recursos de la pesca artesanal", agregó Alvial.
En tanto Pablo Oyarzo, presidente de la mesa de trabajo de la marea roja de Ancud, señaló que ya se han entregado más de mil bonos a las personas afectadas por la marea roja. "Nosotros hemos estado siguiendo paso a paso lo que se decretó con la directiva anterior que estaban pagándose los bonos, hemos seguido haciendo apelaciones", aseguró a Cooperativa.
"Tenemos en este momento un aproximado de 1.350 bonos que se han pagado y quedan algunos más todavía que fuimos a dejar los papeles para hacer la apelación", añadió Oyarzo.
Esta semana en Puerto Montt se realizará una evaluación de los avances concretos en torno a las ocho mesas de trabajo que existen en la isla y que agrupan a cerca 3 mil pescadores y sus familias, que esperan el cumplimiento total de los acuerdos pactados con el Gobierno.
