"Llegó a situaciones en que él, en estos círculos, tomaba una mujer en particular y la ofrecía a los hombres", denunció uno de los ex miembros.
Una presunta secta de Chiloé quedó bajo la lupa tras conocerse los testimonios de antiguos integrantes, quienes denunciaron haber vivido durante años bajo estrictas normas que limitaban sus relaciones de pareja, el vínculo con sus hijos e incluso la lactancia materna.
Se trata de la comunidad Cahuala, la cual ahora es investigada por presuntos delitos de abuso sexual reiterado, trata de personas con fines de explotación laboral y asociación ilícita.
La agrupación fue fundada a fines de los años 80 por Enrique Urrutia Aburto, un exjefe scout y profesor de Filosofía, a quien sus antiguos miembros identifican como "el jefe" y acusan de mantener un estricto control sobre la vida cotidiana de quienes integraban la comunidad, según dio a conocer un reportaje de T13.
Una de las denunciantes, relató que no podía decidir libremente sobre su relación matrimonial, ya que su vida privada estaba sometida al conocimiento del líder.
"Dentro de la comunidad hay muchas reglas internas, y una de ellas es que no podía estar yo como pareja. Todo lo que yo hiciera con mi marido, era de dominio público y especialmente del dominio de 'el jefe'. Todo se centraba en él, todo él lo tenía que saber, todo era bajo su mirada", contó.
Los testimonios también apuntan a un control sobre la vida sexual. Patricio Aguirre, otro exintegrante, afirmó que Urrutia intervenía en los encuentros íntimos y decidía cómo debían desarrollarse.
"Llegó a situaciones en que él, en estos círculos, tomaba una mujer en particular y la ofrecía a los hombres. Y no sólo eso, sino que también él determinaba el tipo de encuentro, la manera en que iba a acceder ese hombre a esa mujer", denunció.
Las restricciones, según los relatos, también afectaban la crianza de los niños, ya que las normas de la comunidad dificultaban el acercamiento entre las madres y sus propios hijos, y las mujeres tenían prohibido amamantar a sus bebés.
La agrupación habría llegado a reunir cerca de 40 personas, aunque actualmente estaría compuesta por unas 15.
La investigación judicial se inició en 2019, cuando dos presuntas víctimas presentaron una querella por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2015. La Fiscalía indaga los posibles delitos y la causa se mantiene bajo reserva.
