La Superintendencia de Servicios Sanitarios confirmó esta tarde que abrió un expediente de caducidad de la concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), a raíz de la crisis que mantuvo durante 10 días sin agua potable a la ciudad de Osorno.
El superintendente Jorge Rivas detalló, en conferencia de prensa, las conclusiones del informe elaborado por la entidad a partir del evento que se desató el 11 de julio, que incluyen una serie de "infracciones confirmadas" (ver archivo adjunto).
En éste consta "incumplimiento de la obligación de calidad de servicio, particularmente en relación con la calidad del agua; incumplimiento de la obligación de continuidad de servicio de agua potable tras dos eventos que dejaron sin agua potable a Osorno entre el 11 y el 17 de julio, y luego entre el 17 y el 21 de julio".
También constató como faltas la "afectación de una gran cantidad de usuarios en la concesión, poner en peligro la salud de la población, no cumplir con las instrucciones de la SISS en cuanto a la atención de la emergencia, plazos de solución y distribución alternativa de agua potable".
Finalmente, dijo Rivas, se verificó la falta, por parte de Essal, de "entregar información errónea a la autoridad y a los clientes".
SISS puede proponer caducidad y Piñera resolverá
"Por estas infracciones confirmadas, hemos resuelto el inicio de dos procesos en contra de la empresa Essal, los cuales deberán avanzar respetando nuestra legislación, que asegura un debido proceso. Por una parte, se han formulado cargos cuyas multas podrían superar los 2.500 millones de pesos, monto que sólo podrá ser definidio una vez que termine el periodo de descargos al que tiene derecho la empresa", dijo Rivas.
"En segundo lugar, se ha abierto un expediente de caducidad a la concesión de Essal en Osorno, proceso que también le otorga derecho a la empresa para hacer sus descargos y apelaciones, tras lo cual la SISS podrá emitir su resolución final en la forma de una propuesta de caducidad al Presidente de la República", indicó el superintendente.
"Debido proceso"
Rivas enfatizó que este proceso tiene varias etapas, e indicó que, si bien no existe un plazo determinado, es probable que se extienda por alrededor de seis meses.
"Nuestra legislación garantiza un debido proceso. En ese sentido, nosotros estamos iniciando la primera parte de este debido proceso, que fue abrir un expediente de caducidad. Lo que corresponde ahora es que la empresa haga sus descargos, para lo cual va a disponer de 20 días hábiles (…) En base a esa información que nos entregue la empresa sanitaria, nosotros tendremos que tomar la decisión de si amerita un informe de caducidad, que le entregaremos al Presidente de la República. Ese informe iría con una propuesta de decreto de caducidad, para que el Presidente defina si avanza o no avanza", remarcó.
"Los plazos no están establecidos en nuestra normativa, porque dependen de muchas actuaciones administrativas que pueda ejecutar la empresa sanitaria, pero nosotros proyectamos que esto no debería ser más allá de unos seis meses", apuntó.
La autoridad opinó que "la indagatoria concluye que los hechos son de la mayor gravedad por su duración y repercusiones en la población y en el desarrollo de la ciudad afectada", y que "con todos los antecedentes a la vista estamos convencidos de que sí amerita abrir este expediente porque sí amerita la caducidad, pero es un debido proceso, tenemos que respetar nuestra legislación y la empresa tiene derecho a defenderse y presentar sus antecedentes".
Essal: "No se cumplen los requisitos"
La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos reaccionó al anuncio de la Superintendencia mediante un comunicado, en el que aseguró que, en este caso, "no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno".
"Como empresa queremos manifestar nuestro más irrestricto apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios que rige en Chile. Nos encontramos a entera disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante el proceso administrativo que se inicia, buscando establecer con claridad que no ha existido intención de afectar a nuestros clientes y no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno", dice la nota.
"Estamos convencidos que el lamentable hecho que afectó a la comunidad de Osorno no es representativo de la labor que a diario realizan los trabajadores de nuestra empresa. Independientemente del proceso abierto por parte de la Superintendencia, seguimos trabajando para robustecer la empresa y mejorar su gestión. El compromiso de Essal es continuar trabajando con esmero para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes", se indica.
La apertura del expediente es el primer paso de un proceso que puede durar seis meses. Ahora, la emprsa tiene 20 días hábiles para presentar sus descargo y al final de todo es el Presidente de la República quien tendrá la última palabra.
