La Corte de Apelaciones de Punta Arenas envió un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre un recurso de protección presentado por una técnico en enfermería de 60 años que solicita a su AFP la devolución de sus ahorros previsionales.
La primera sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Marcos Kusanovic, María Isabel San Martín y Marta Jimena Pinto, estimó en forma unánime que antes de resolver era indispensable presentar una consulta al TC para que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.
"(…) Se formula requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca, si lo estima admisible, la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51, en cuanto los fondos de capitalización individual tienen como objeto exclusivo otorgar y administrar beneficios de este decreto ley y son parcialmente inembargables destinados exclusivamente a generar las prestaciones de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, como también los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones por concepto de prima o aporte de utilidades, en contravención a la Constitución Política de la República en cuanto los atributos inalienables del derecho de propiedad", sostiene el fallo.
Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal, explicó que el 18 de junio envió una carta a AFP Habitat en la que solicitó retirar el dinero.
"Llevo como 40 años trabajando, cotizando como corresponde. Lo que me prometió la AFP fue el 70 por ciento de lo que yo gano hoy, que eso iba a sacar de pensión, entonces me siento totalmente defraudada, porque a mí siempre se me dijo que el fondo previsional era mío (...) entonces ahora no puedo usarlo y no entiendo", planteó.
Defensa valoró decisión de tribunales
El primer caso en el país relacionado con el tema corresponde al de María Angélica Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, que busca retirar sus ahorros para pagar un crédito hipotecario.
En conversación con Cooperativa, su abogado Rodolfo Saldivia detalló que presentaron "un recurso de protección con el objeto de que se aclarara esta situación y, en particular, para que pueda retirar la totalidad de sus fondos".
"Valoramos lo que ha tomado en decisión la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la de Punta Arenas, por cuanto lo que tiene que discutirse aquí es, realmente, el derecho de seguridad social en Chile si existe más allá, independiente de esto, del derecho a propiedad", agregó.
Por su parte, el líder del movimiento "No+AFP", Luis Mesina, valoró el requerimiento presentado por la Corte de Punta Arenas, destacando que "por fin ministros de la Corte de Apelaciones están reconociendo un derecho fundamental que estamos demandando nosotros a fin de terminar un conflicto que existe hace tanto tiempo respecto a la propiedad".
"Ellos han declarado que este decreto ley es inconstitucional, toda vez que no permite la garantía de otorgar seguridad social", agregó.
El movimiento "No+AFP" convocó a una marcha a nivel nacional para este domingo 6 de octubre, a las 11:00 horas, con el énfasis puesto en aclarar la propiedad de los fondos previsionales.
