El organismo ya ha presentado dos querellas por situaciones similares.
Los afectados son una mujer, su hijo y hermano.
Los miembros de la familia cuentan con sus respectivas recetas para cultivar.
Por tercera vez en nuestro país las vulneraciones que sufren los usuarios medicinales de cannabis en manos de funcionarios del Estado llegan hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La institución presentó una denuncia por el caso de una mujer de 61 años de Puerto Natales, su hijo y hermano, en contra de Carabineros por una seguidilla de violentos allanamientos y detenciones por cultivar cannabis.
"Creemos que la fiscal Lorena Carrasco ha tornado esta causa en una persecución que ha dado lugar al hostigamiento policial. Todo esto ha implicado un deterioro en nuestra salud física y mental. Asimismo, nuestras figuras públicas han sido expuestas, como si fuéramos sociópatas o narcotraficantes", señalan los afectados.
Los tres miembros de la familia cuentan con sus respectivas recetas médicas y no tienen antecedentes penales.
Las dos acciones legales anteriores interpuestas por el INDH corresponden a dos pacientes de Fundación Daya Chillán, Rosa Salazar y Camila Barra.
El organismo ya tiene los antecedentes de otros casos, como Sebastián Henríquez, psicólogo y educador quien estuvo en prisión preventiva en Talca, entre otros.
