Tras dos años de investigación por delitos de corrupción, la Fiscalía Regional de Ñuble presentó este miércoles su acusación contra 15 imputados por el caso "Luces Led", y solicitó la pena más alta para el gerente de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort, quien arriesga 28 años de cárcel.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal regional, Nayalet Mansilla, explicó que los involucrados acordaron "pagar sobornos directamente o a través de operadores intermediarios, y que el monto de dichos sobornos se calcularía a partir de un porcentaje del valor de los contratos respectivos", dineros que habrían sido visados por Lefort, y "excepcionalmente por el imputado Ricardo Rodríguez", publicó El Mercurio.
De acuerdo a la indagatoria, existió pago de sobornos y una asociación ilícita en torno a un programa del Gobierno con 85 municipios para "una asignación de recambio de 130.000 luminarias" en 2014, maquinación presuntamente encabezada por Lefort, que también fue imputado por lavado de activos y delitos tributarios.
El hecho inicial sería el de asociación ilícita, del cual derivan el resto de los cargos, pues según Fiscalía, esta tenía "el objetivo de ofrecer y pagar sobornos a funcionarios públicos a fin de asegurar la adjudicación de distintas licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias Led a lo largo del país".
Lefort habría estado a cargo de la asociación entre 2016 y 2020, consigna el escrito, periodo en que "asignó las funciones a sus integrantes y les entregó directamente instrucciones para el cumplimiento de sus objetivos"; por ejemplo, el ex ejecutivo de Itelcom, Ricardo Rodríguez, "estaba a cargo de la coordinación y contacto con intermediarios, operadores locales y funcionarios públicos sobornados, y coordinación y pago de los sobornos".
DELITOS TRIBUTARIOS
El Ministerio Público precisa que a partir de 2016, los imputados "de manera concertada decidieron, como política de la empresa, ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones", mientras que en 2018 Lefort habría incurrido en "la utilización de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados de distintas empresas" como otra forma de ganar dinero, instancia en que están vinculadas "la empresa GLH ingeniería, cuyo dueño es el imputado George Latrille, y la empresa José Hidalgo Servicios Parking E.I.R.L., cuyo dueño es José David Hidalgo".
"Lefort y Latrille, por un lado, y Lefort e Hidalgo, por otro, a sabiendas que el dinero iba destinado al pago de sobornos de funcionarios públicos, se concertaron para elaborar una operatoria de generación de dinero efectivo", precisa la acusación.
Ambos empresarios mencionados se encuentran imputados por presuntos delitos tributarios, pero Latrille también fue acusado por asociación ilícita, de manera que arriesga siete años de presidio, mientras que Hidalgo podría ir a la cárcel por tres años y un día.
La acusación de la Fiscalía habla de más de 15 mil millones de pesos comprometidos en licitaciones mal habidas, así como otros 700 millones de pesos en perjuicios por delitos tributarios. Sin perjuicio de ella, se mantienen abiertas distintas aristas del caso vinculadas con municipalidades de la Región Metropolitana y otras zonas del país.
LOS DEMÁS IMPUTADOS
Otros imputados en este marco son los ex ejecutivos de Itelecom Leonardo Bustos, Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra, y salvo este último, para quien se pidieron ocho años, los dos primeros arriesgan 11 años de cárcel.
También se propone una pena de 11 años en contra del ex funcionario del Ministerio de Energía Paul Pacheco, imputado por cohecho, violación de secreto, delitos tributarios y lavado de activos; mientras que su pareja, Javiera Correa, fue acusada por lavado de activos y arriesga 541 días de presidio.
El listado de involucrados continúa con el particular Rogers Mariangel, imputado por soborno (541 días); Francisco Melo, ex alcalde de Negrete, acusado de cohecho y violación de secreto (ocho años) y David Encina, ex funcionario de Negrete, quien enfrenta cargos por violación de secreto y cohecho (tres años y 541 días).
Por otra parte, Marcelo Campos, ex asesor del Municipio de Chillán, fue acusado por cohecho (10 años), misma pena que arriesgan los ex funcionarios de la misma alcaldía Ricardo Vallejos y Víctor Sepúlveda, por idéntico delito, y finalmente, el empresario Víctor Amado podría ir a la cárcel por cinco años por soborno.
