El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó debatir la reapertura de la investigación judicial sobre la causa de fraude al Fisco al interior de la Municipalidad de Chillán Viejo, vinculada con la pérdida de 80 millones de pesos del erario municipal, antes de las elecciones municipales 2012.
Ante dicha petición, el Juzgado de Garantía de Chillán accedió a fijar una audiencia para el 4 de diciembre, a pesar que -a principios de octubre- ya había dado por cerrado el plazo de investigar, considerando que han pasado más de cinco años de lo ocurrido.
De acuerdo a los argumentos del CDE, el propósito de la reapertura es realizar diligencias pendientes, como el alzamiento del secreto bancario para conocer los destinatarios de pagos irregulares, tal cual es el caso de la empresa de transportes de la imputada Silvana Ríos.
Rodrigo Vera, su abogado defensor, señaló que "esto no es más que una medida dilatoria y negligente de la CDE, a la cual nos opondremos, porque son diligencias inconducentes".
Por otro lado, "para una reapertura deben ser diligencias que hayan sido denegadas por el fiscal y no es el caso".
Grupos de imputados
Entre los formalizados se cuentan el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, y el administrador municipal, Ulises Aedo, quienes firmaron el decreto para la contratación a honorarios de Lya González, quien -se acusa- nunca habría cumplido funciones. A los dos primeros se les imputa delito de fraude al Fisco y la tercera fraude de subvenciones.
Asimismo, hay un segundo grupo de acusados vinculados con pagos irregulares de servicios, integrado por el ex jefe de Dideco Jorge León; la ex jefa de DAF Paola Araya; la directora de finanzas María Garrido; el ex secretario municipal Francisco Fuenzalida y los funcionarios de la Dideco Ignacio Moreno y Susana Fonseca; imputados por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La décima formalizada es Silvana Ríos, la única persona ajena al municipio, quien no cuenta con medidas cautelares.
Penas que arriesgan
El Ministerio Público, representado por el fiscal Álvaro Serrano, está pidiendo penas que, sumadas, ascienden a 133 años y 17 días; siendo el administrador municipal Ulises Aedo quien arriesga la más alta: de 25 años y tres días.
A juicio de su abogado defensor, Ricardo Robles, se trata de penas desproporcionadas, porque "son penas que califican para un homicidio calificado, para violaciones reiteradas o para un asesino en serie".
"Nuestra teoría del caso es que se trata de un desorden administrativo y tenemos pruebas contables respecto a que no falta ningún peso", sostuvo.
En el caso que no se acoja la solicitud de reapertura del CDE, se realizará el juicio oral fijado para los días 17, 18 y 19 de diciembre.
