El Tribunal de Garantía de Coelemu ordenó cinco años de cárcel para tres ex funcionarios del Municipio de Ránquil, condenados por fraude tras confirmarse la apropiación indebida de 400 millones de pesos de las arcas municipales entre los años 2012 y 2016.
Se trata del ex director de Finanzas, Carlos Fuentes, y la ex directora de Salud, Paola Alarcón, quienes fueron condenados por malversación de caudales públicos y de falsificación de instrumento público, junto a la secretaria de Finanzas, Gloria Moraga, acusada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La fiscal, Nadia Espinoza, señaló que mediante un procedimiento abreviado se condenó con penas efectivas de cárcel, sin acoger penas sustitutivas, luego que "se confirmó la participación de los ex funcionarios en la elaboración de decretos de pago falsos, falsificación de cheques y facturas, con el objeto de duplicar pagos de recursos del Departamento de Salud".
El modus operandi era "girar cheques abiertos a personas distintas a los proveedores de la repartición de salud, siendo cobrados por caja en el banco por los mismos funcionarios o por terceros coludidos", sostuvo Espinoza.
Dictamen de Contraloría
En el plano administrativo, los ex funcionarios municipales fueron destituidos en diciembre de 2016, tras lo cual intentaron hacer valer la jurisprudencia a través de un recurso ante la Contraloría Regional del Biobío, para su reincorporación, así como un pago cercano a 100 millones de pesos por conceptos de honorarios y remuneraciones retroactivas.
El caso llegó a la Contraloría General de la República, cuyo dictamen fue denegar la reincorporación de los ex funcionarios mientras se continuaba con la causa penal, donde finalmente resultaron imputados y condenados.
Reacciones del municipio
El alcalde de Ránquil, Benito Bravo, señaló que es importante la señal que la justicia entrega, ya que "fueron hechos que significaron un desgaste para la administración, pero lo asumimos con interés para que se hiciera justicia, porque estos recursos salieron del Departamento de Salud y que no se invirtieron con el fin de traspasarlos a los habitantes".
En tanto, el administrador municipal, Modesto Sepúlveda, agregó que "se iniciará una demanda civil para cobrar en parte lo que ellos han defraudado, equivalentes a cerca de un 20 por ciento, a partir de bienes cautelados a la directora de la repartición".
