Han transcurrido más de 48 horas desde el ataque a los equipos de telecomunicaciones en el Cerro Cayumanqui de Quillón y se mantiene con amplia reserva la investigación del Ministerio Público y la PDI, bajo la línea de un delito por daños.
Sin embargo, desde la vereda política han surgido reacciones que apuntan a denominar el hecho abiertamente como un "atentado", entendiendo que los primeros antecedentes descartaron una intensión de robo y solo dan cuenta de una acción premeditada que buscaba destruir e interrumpir las comunicaciones en la región.
El diputado Jorge Sabag (DC) fue el primero en referirse a dicha teoría señalando que "se trata de un hecho gravísimo que alarma a la ciudadanía, porque la torre del Cerro Cayumanqui es de alcance nacional, motivo por el cual estamos solicitando a un fiscal especial, así como la atención del director nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para dar con el paradero de los responsables del atentado".
Una mirada que comparte el senador Víctor Pérez (UDI), quien indicó que "no hubo robo ni sustracción, sino solo destrucción, por lo que a todas luces parece ser un atentado, no sé si terrorista, pero sí un ataque que buscó hacer daño e interrumpir un servicio de vital importancia para todos".
Mesa de trabajo
Desde la vereda gubernamental, el tema ha causado profunda preocupación y motivó la conformación de una mesa de trabajo en el marco de la identificación de la infraestructura crítica de la región.
El intendente Martín Arrau señaló que "es innegable que este ataque ha sido un hecho de alta connotación y de suma gravedad que lamentamos y condenamos".
"Hablé con la fiscal regional y le hice ver que era necesario tener una gran dedicación y ahínco en este proceso ya que es un hecho que nunca había ocurrido en Ñuble. Nos llama la atención y hay que ver de qué se trata", expresó.
Investigación por daños
La fiscal regional Nayaret Mansilla planteó que "no se descarta ninguna línea investigativa", pero ha sido cauta en referirse al hecho que ha catalogado como un "delito por daños".
Al respecto, señaló que "los autores usaron elementos contundentes para causar los daños, no hay indicios de uso de explosivos, no hay reportes de robo ni elementos que reivindiquen este hecho".
En la misma línea, el prefecto Marcelo Mendoza, jefe de la Región Policial de Ñuble, afirmó que "las instrucciones son investigar un delito por daños, sin descartar ninguna teoría respecto al caso ni la motivación de por qué se realizaron estos hechos".
Lo concreto es que para las empresas de telecomunicaciones afectadas las pérdidas han sido calculadas en unos 400 millones de pesos, sin contar las molestias causadas a cerca de mil clientes que vieron interrumpida su conectividad durante varias horas tras el hecho.
