También se dictaminó restituir los bienes e inmuebles retenidos en San Fabián de Alico.
Los desalojos tuvieron lugar los días 21 y 22 de noviembre.
El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió medida cautelar contra los desalojos en el sector Punilla, de San Fabián de Alico, ocurridos los días 21 y 22 de noviembre, resolviendo la suspensión del proceso y la restitución de los bienes e inmuebles retenidos a los afectados.
El fallo es en respuesta a la medida cautelar solicitada por el abogado Ladislao Quevedo, quien asumió la defensa de algunas de las familias afectadas por estos desalojos.
El tribunal se pronunció a favor de los vecinos, infiriendo preliminarmente que no se ha dado cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental que señala que "las faenas de construcción deberán iniciarse sólo una vez que la totalidad de los habitantes de las zonas de inundación sean reubicados, de modo de evitar las molestias producidas en esta etapa".
De esta forma, el tribunal resolvió "la prohibición de efectuar el desplazamiento de los futuros demandantes y como también posibles desalojos que no den cumplimiento a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental".
Asimismo, ordenó a la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A., de la empresa titular Astaldi, "hacer restitución inmediata de los bienes retenidos, entre ellos animales, aperos, enseres y provisiones; y restituir inmediatamente los inmuebles retenidos, objeto del desalojo efectuado los días 21 y 22 de noviembre de 2018, para que sus propietarios puedan destinarlos a mantener su animales y ganado".
El documento fue oficiado a la Subcomisaría de Carabineros de San Fabián de Alico, para que se haga cumplimiento de la resolución. Los vecinos se reunirán esta noche para resolver próximas acciones, mientras que las autoridades aún no se pronuncian oficialmente sobre el tema.
Justicia Civil: No teníamos cómo saber que no se estaba cumpliendo
En medio de los desalojos en Punilla, los días 21 y 22 de noviembre, la jueza del Segundo Juzgado Civil de Chillán, Claudia Arenas, señaló que "no había irregularidad de ninguna especie" en el procedimiento, agregando que las actuaciones se habían estado realizando "con apego a los procedimientos establecidos en la Ley".
Hoy, la jurista se pronunció sobre la orden del Tribunal Ambiental de Valdivia de suspender los desalojos, señalando que "la Justicia Civil no tenía como saber que no se estaban cumpliendo con estas obligaciones ambientales".
Al respecto, agregó que la resolución ambiental "se explica por el incumplimiento al parecer por parte del MOP, de una obligación que estaba contenida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en que condicionaba el inicio de las faenas, a la reubicación de los habitantes del sector expropiado, y que no habría hecho porque estas personas todavía se encontraban en el lugar".
Según la magistrada, "las competencias del Tribunal Ambiental con las del Tribunal Civil no tienen ningún parangón entre sí, y tampoco se comunican. El Tribunal Civil solo tiene facultades para velar por el procedimiento de expropiación que está contenido en el decreto ley 2.186, en cambio el Tribunal Ambiental, su obligación y tal como lo hicieron los recurrentes en este caso, es velar porque el expropiante haya cumplido íntegramente con la RCA".
