Jacqueline Guíñez (RN) salió de Gendarmería el año 2007, tras enfrentar un sumario, pero mantiene su inocencia.
"A mí me gusta darles la oportunidad a las personas para que se desarrollen, y luego evaluamos el trabajo", señaló el delegado presidencial, Martín Arrau.
El delegado presidencial para la instalación de la nueva Región de Ñuble, Martín Arrau (UDI), defendió la designación, como futura seremi de Justicia, de Jacqueline Guíñez (RN), pese a los cuestionamientos por su polémica salida de Gendarmería hace más de 10 años.
"Todas las personas que se han incorporado como delegados han pasado todos los filtros y están legalmente habilitadas para hacer el trabajo que van a hacer. A mí me gusta darles la oportunidad a las personas para que se desarrollen y luego evaluamos el trabajo", dijo Arrau tras encabezar la primera jornada de trabajo de los 20 delegados ministeriales escogidos por el Gobierno para instalar la Región de Ñuble.
Las críticas a Guíñez surgieron con fuerza desde la oposición, y el senador Felipe Harboe (PPD) recordó que, tras un sumario de 2007, se la destituyó de Gendarmería por malversación de fondos públicos (300 mil pesos).
En que están pensando cuando designan seremi de justicia para la nueva región de ñuble a una persona sancionada y destituida de gendarmería x Contraloria por falta a la probidad? Mala señal https://t.co/SFsu1QkQru
— Felipe Harboe B (@felipeharboe) 3 de junio de 2018
Frente a esto, Arrau insistió en que no hay un error del Gobierno "y que todos los delegados tienen grandes capacidades".
"Vemos el vaso medio lleno", remató, desechando la posibilidad de pedir la renuncia de la futura Seremi de Justicia.
Reitera inocencia
La aludida sostiene su inocencia y alega persecución política, asegurando que no cometió malversación de fondos públicos: "No lo pude haber hecho. porque yo sólo entrevistaba a reos, siendo asistente social de ellos, y luego del personal", señaló Guíñez.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en 2007 -y ratificó la Corte Suprema- la legalidad del sumario interno que destituyó a Jacqueline Guíñez.
No obstante, cuando se denunciaron los hechos, la Corte de Apelaciones de Chillán declaró prescrito el delito, impidiendo así que la justicia ordinaria investigara los antecedentes.
Además, en 2012 se impugnó la candidatura de Guíñez por parte del concejal de Pemuco Ismael Palma; sin embargo el Gobierno, a través del entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, se emanó un oficio de rehabilitación, que permitió que se presentara a las elecciones, permitiéndo ejercer la alcaldía de dicha comuna.
