Este miércoles se iniciaron las declaraciones de imputados tras la ronda de alegatos de apertura en el juicio de "fraude al Fisco" en Chillán Viejo, donde se buscan responsabilidades en la supuesta pérdida de 82 millones de pesos de las arcas municipales.
La primera en declarar fue Lya González, la denominada "funcionaria fantasma", acusada por el delito de fraude de subvenciones, luego de que la Fiscalía sostuviera que percibió honorarios por funciones que no habría desarrollado.
Su imputación está incorporada en el grupo uno, que además integran el alcalde Felipe Aylwin y el ex administrador municipal Ulises Aedo.
La profesional señaló que trabajó en el municipio desde el 2011, primero como funcionaria del Departamento de Educación Municipal y luego como parte del Gabinete Municipal, entre marzo y octubre del año 2013, detallando ante el tribunal sus funciones, principales gestiones y hasta los espacios físicos que ocupó.
Su contrato se mantuvo en calidad de trabajadora a honorarios, a tiempo parcial en su primer rol y con horario flexible en su segunda función laboral.
"Me cuesta comprender porqué estoy acá. El fiscal ha contado con todos los testimonios y evidencias que demuestran que efectivamente realicé las funciones para las cuales fui contratada, incluyendo informes de la PDI donde se da cuenta de ello", subrayó Lya González.
"No soy una aparecida"
Otro punto que Lya González quiso dejar en claro es su arraigo y pertenencia a Chillán. "No soy una aparecida ni una funcionaria fantasma, como ha querido hacer ver la Fiscalía. Soy chillaneja por adopción, casada acá, con hijos nacidos en esta tierra, y no venía desde Santiago cuando me desempeñaba en Chillán Viejo como se ha dicho", indicó.
"He tenido un comportamiento intachable en el servicio público, pero hoy estoy inhabilitada incluso para trabajar, por mi calidad de imputada. Todo esto ha sido muy desgastante y me ha provocado un daño muy grande", argumentó.
Defensores reconocen asistencialismo
Previo al inicio de las declaraciones de imputados, avanzaron los alegatos de apertura pendientes, donde los abogados defensores se mantuvieron en el argumento de desorden administrativo, descartando que hubiese existido fraude al Fisco como sostiene la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
El único punto que conceden es la existencia de asistencialismo desmedido, en el contexto de un período de inicio de campañas de cara a las elecciones municipales del año 2016.
Giovani Gotelli, representante del ex Dideco Andrés León, señaló que "hubo asistencialismo por parte del Municipio de Chillán Viejo, dentro de un marco legal que no conforma delito, pero generó un gran desorden administrativo. Hablamos de unas 170 organizaciones comunitarias que habrían generado solicitudes de viajes, tortas y otros, que fue imposible manejar".
Así también lo sostuvo el abogado Sergio Zúñiga, defensor de la ex jefa de control Gabriela Garrido. "Fueron tantos los requerimientos verbales canalizados por la Oficina de Participación Ciudadana, que funcionarios realizaron maniobras como duplicación de solicitudes para justificar y saldar las deudas con los proveedores".
