Una difícil situación están viviendo los trabajadores de Línea Azul, a dos semanas de la orden de cierre de todos los servicios interurbanos y rurales que brinda la empresa, debido al accidente que el pasado 29 de julio que dejó seis personas fallecidas en San Francisco de Mostazal.
Ni siquiera la reunión sostenida con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, el pasado martes, les ha devuelto las esperanzas de una salida rápida al conflicto, debido a que el único ofrecimiento que han tenido es la mediación para una reubicación laboral, la que rechazan tácitamente.
Cristino Saavedra, vocero de los trabajadores, señaló que "desde un principio lo que hemos pedido es la reactivación de los servicios, aunque sea en un cincuenta por ciento de los tramos rurales, pero en ningún caso la reubicación".
En tanto, uno de los administrativos de la empresa, Álex Escamilla, indicó que "nuestra capacidad operativa está, debido a que tenemos una veintena de buses disponibles y con las normas correspondientes para funcionar en orden".
"Nuestra movilización ha sido pacífica y respetuosa a la autoridad, pero ni aun así hemos tenido una real disposición a nuestra demanda", agregó.
Sueldos impagos
Otro problema que han debido enfrentar los trabajadores ha sido el retraso en el pago de sus sueldos, a pesar de que la empresa se había comprometido a cumplir con ello antes del 15 de agosto.
"Lo concreto es que se nos adeudan los meses de julio y agosto", precisó Saavedra.
La razón de este atraso ha estado en el congelamiento temporal de las cuentas y la incautación de computadores de la empresa, por orden del Ministerio Público, lo que ha hecho imposible avanzar con normalidad en los procedimientos administrativos, han indicado desde la compañía.
