Los uniformados fueron formalizados y dos de ellos quedaron con prisión preventiva.
Se les imputan, entre otros cargos, falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos.
Cinco funcionarios de Carabineros fueron dados de baja este jueves, luego de ser formalizados por distintos delitos en San Fernando, Región de O'Higgins.
La Fiscalía atribuye a dos de los ex uniformados falsificación de instrumento público, allanamiento ilegal y apremios ilegítimos. Al cabo de la audiencia, éstos quedaron en prisión preventiva.
Otros tres ex uniformados fueron formalizados sólo por falsificación de instrumento público, quedando con las medidas cautelares de firma mensual y arresto domiciliario nocturno.
Los otros tres funcionarios quedaron bajo la cautelar de arresto domiciliario nocturno y firma mensual @Cooperativa
— NU (@nicourzuab) August 27, 2020
Según lo señalado durante la audiencia de formalización, la seguidilla de irregularidades se inició cuando una funcionaria inventó haber sido víctima de un robo con intimidación. Actuó de este modo luego de que desconocidos sustrajeran -en su ausencia- especies y dinero en efectivo que mantenía al interior de su vehículo.
La carabinera señaló que fue apuntada con armas de fuego por dos sujetos tras ir a retirar dinero a un negocio de la zona. Bajo esta excusa, ella y su pareja -otro funcionario de Carabineros- sindicaron a un sujeto que vivía en las cercanías de su domicilio como el autor del supuesto robo a mano armada.
Tras este hecho, amparados en la flagrancia, se allanaron dos domicilios y dos funcionarios generaron un parte policial por receptación, entre ellos, el pololo de la funcionaria.
Un tercer hecho irregular se produjo cuando la misma funcionaria del primer incidente dio cuenta de una protesta al exterior de su domicilio, con cánticos, por parte de familiares de los sujetos a quienes se les habían allanado anteriormente sus domicilios; esto como manera de justificar el allanamiento tras el supuesto asalto.
Producto de esta situación, uniformados ingresaron a un domicilio sin la orden debida, apuntando con armas a sus moradores y llamando al fiscal de turno, suscribiendo -de acuerdo a la Fiscalía- un falso parte policial.
"Es así que se llega a estos hechos que configuran falsificación de documentos públicos, en específicos los partes policiales, allanamiento ilegales, apremios ilegítimos en algunos casos y, asimismo, la obstrucción a la investigación", confirmó la fiscal a cargo, Fabiola Echeverría.
Los cinco funcionarios comprometidos en estas situaciones fueron dados de baja por la institución, mientras que el tribunal dictó un plazo de 45 días para el desarrollo de la indagatoria.
