El Ministerio Público pide para el persecutor 61 días de suspensión del empleo público, en su grado mínimo, además de penas accesorias legales y costas.
Arias está acusado por el delito de violación de secreto.
Ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua comenzó este lunes el juicio oral contra el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, imputado por el delito de violación de secreto.
Específicamente, se le acusa de extraer -a juicio de los querellantes- una ficha del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) desde el Ministerio Público, la cual le habría sido facilitada a su hermana en el marco de una causa de drogas en Puerto Montt. Es por ello que la Corte Suprema había acogido parcialmente la querella de capítulo presentada por el fiscal del caso contra Arias, Eugenio Campos.
Durante la primera jornada, se desarrollaron los alegatos de apertura en la causa, en los que intervinieron el fiscal Campos (persecutor regional de Magallanes), el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Cristián Ramírez, y el defensor de Arias, Cristián Cáceres.
"El día 17 de abril del 2018 el acusado instruyó a su secretaria personal de la Fiscalía Regional de O'Higgins que se procediera a ingresar a una base de datos informática interna del Ministerio Público (...) que contiene datos personales, sensibles, reservados", expuso Campos ante el tribunal.
Por su parte, el abogado de Arias apuntó contra el ex fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins Sergio Moya y el fiscal nacional, Jorge Abbott.
"Responsablemente señalamos que aquí hubo una convergencia intencional, una comunidad de intereses o derechamente un enemigo común, entre el fiscal Moya y el fiscal Abbott", acusó Cáceres.
Asimismo, defendió que "la conducta desplegada por el fiscal regional Arias no se realizó para fines personales, sino para denunciar a un tercero y a su sobrino, utilizando dicha información para los fines que está destinada: a saber, la persecución penal de delitos sin que haya existido afectación alguna al sistema judicial".
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el CDE sostuvieron que el sistema de fichas SAO es de uso interno y no de libre acceso para el común de la gente e intervinientes ajenos a la Fiscalía.
La Fiscalía pide para Arias 61 días de suspensión del empleo público, en su grado mínimo, además de penas accesorias legales y costas.
Por su parte, el CDE amplió su querella a dos delitos de violación de secreto, por los que solicita dos años de suspensión del empleo público, en su grado medio, además de una multa de 10 UTM y la condena en costas.
