Se trata de establecimientos en Graneros, Las Cabras, Machalí, Coltauco, Mostazal, Rancagua y Chimbarongo.
La Contraloría General de la República dio un plazo de 60 días hábiles para que concluyan las obras de siete establecimientos dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de O'Higgins.
El informe emitido por el órgano contralor se basó en un requerimiento presentado en marzo del año pasado por la diputada Natalia Romero (IND-UDI), integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, en el que denunció una grave tardanza en la construcción y entrega de una serie de jardines infantiles y salas cunas a cargo de Junji, los que debían estar concluidos e inaugurados entre el 2021 y el 2022.
Tras realizar una auditoría, la Contraloría dio un máximo de 60 días hábiles a la Junji para que concluya las obras en los jardines Los Torunos (Graneros), Arturo Pérez Canto (Las Cabras), Villa Santa María (Machalí), Parral de Purén (Coltauco), Peuco (Mostazal), Baquedano (Rancagua) y Miraflores (Chimbarongo).
Según publicó el medio El Tipógrafo, parte del informe indica que "la dirección regional de la Junji, en siete jardines -que tienen asociados ocho contratos con término anticipado-, no ha adoptado acciones para finalizar las obras, en un plazo que fluctúa entre los 337 a los 980 días desde su liquidación hasta el 31 de mayo de 2023, incumpliendo así con el principio de celeridad".
La diputada Romero manifestó que "el contundente informe que acaba de emitir la Contraloría viene a confirmar todo lo que venimos advirtiendo hace ya dos años: que la Junji ha actuado con absoluta irregularidad en relación con la construcción de los jardines infantiles en la región, dejando a cientos de familias sin la posibilidad de disponer de un cupo para sus hijos".
La Contraloría también dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario al interior de la dirección regional de Junji tras detectar que el organismo incumplió con los deberes de simplificación, rapidez y celeridad al tomarse entre cuatro y once meses en poner término anticipado a los contratos, luego que las empresas a cargo decidieran abandonar las obras.
