La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins afirma que el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex-PS), gastó 42 millones de pesos con cargo a dos tarjetas de débito pertenecientes a un proveedor del municipio, el empresario Javier Cornejo.
Esta semana se anunció que el jefe comunal será formalizado el 9 de abril por fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos, pero no se conocieron más detalles de la causa hasta una reciente publicación de Ciper.
El citado portal indica que los servicios prestados por Cornejo al municipio provienen de ocho empresas en las que él participa de manera directa o indirecta, y que durante el periodo alcaldicio de Godoy ha facturado 1.163 millones de pesos.
Por otra parte, los presuntos gastos de Godoy corresponden principalmente a compras en multitiendas, hoteles, gastos médicos y de colegiaturas, además de otros pagos realizados en el extranjero, lo cual "se pudo determinar a través de las consultas a distintas empresas del comercio y sus sistemas de fidelización", consigna un oficio de la Fiscalía.
Gracias a tales datos "se pudo realizar el cruce entre el cargo en la cuenta respectiva con el sujeto que realmente realizó la compra en la tienda o servicio", agrega el documento.
Cornejo, con quien Godoy mantendría una amistad de larga data, es uno de los cuatro empresarios que también serán formalizados en abril, por los delitos de soborno, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, lavado de activos y falsificación de instrumento público y privado.
QUERELLA DEL CDE
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra Godoy y quienes resulten responsables, por su presunta autoría de los delitos de cohecho y fraude al Fisco.
Según el comunicado de esa institución, la autoridad "habría cometido una serie de irregularidades en su calidad de presidente de la Corporación Municipal y alcalde en ejercicio de dicha comuna, materializadas por medio de una administración desleal de los fondos públicos, ocasionado con ello un perjuicio económico al erario fiscal".
El CDE especifica que Godoy "habría cometido ilícitos como el pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas, la advertencia a particulares de una licitación venidera (y adjudicarla) aceptando por ello beneficios económicos o de otra naturaleza para sí o terceros, la fragmentación de compras a través de adquisiciones por trato directo para beneficiar a determinadas empresas, la adquisición de bienes como la compra de un vehículo y la extensión de contratos por servicios fuera de la normativa legal, como el de retiro de basura, no habiendo mediado consulta ni aprobación del Concejo Municipal".
