Peritos de la PDI y el Ministerio Público buscan establecer los posibles ilícitos asociados al acopio y quema de material nocivo en el sector de Alcones en O'Higgins.
Las entidades esperan los resultados de muestras que analizarán miembros del Lacrim central.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins en conjunto con personal de la Brigada Territorial Especializada de la PDI de San Vicente de Tagua Tagua, investigan posibles delitos medioambientales al interior de una fundición de plomo ubicada en el sector de Alcones, comuna de Marchigüe.
La entidad -que pertenece a la empresa Andacollo Inversiones- cuenta con la clausura de dos hornos del sitio, mientras que un tercero se encuentra con prohibición de funcionamiento.
En febrero pasado, personal de la Seremi de Salud detectaron altos niveles de plomo en la sangre de seis trabajadores del lugar.
"El 15 de mayo pasado se dio cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Peralillo, acompañados de peritos del Lacrim Central, químicos y ecólogos, evidenciando un acopio de sustancias tóxicas las cuales son nocivas para la salud", indicó el jefe de la Brigada Territorial Especializada de la PDI de San Vicente de Tagua Tagua, comisario Alex Zúñiga.
Por su parte el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Jorge Escobar, añadió que "de las diligencias se pudo establecer evidencia de interés investigativo, que dan cuenta del funcionamiento u operatoria de esta planta, que de acuerdo a los antecedentes que han sido posibles recabar hasta hoy, no contaba con las instalaciones ni procedimientos requeridos para el tratamiento de este material nocivo".
El persecutor añadió que "se está trabajando con muestras a nivel de suelo, aguas y de las plantaciones ubicadas en los sectores aledaños a esta plata. Todo para efectos de establecer del real nivel de afectación al medioambiente en su contexto amplio, no descartándose la existencia de otros ilícitos asociados a la operación de dicha empresa".
"Se está investigando ampliamente las operaciones de esta empresa, para los efectos de establecer, no solo la responsabilidad penal, si no de las personas que intervienen o laboran a través de ella", concluyó Escobar.
La fundición también cuenta con la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), debido a que la entidad se encontraba operando como una instalación de tratamiento y/o eliminación final de residuos peligrosos provenientes de baterías de plomo, y operando sin las condiciones estructurales y sanitarias para el almacenamiento de una sustancia peligrosa, entre otros hallazgos.
