La implicada se desarrollaba como analista contable en una compañía de la zona.
Los montos apropiados superan los nueve millones de pesos.
El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó a ocho años de presidio efectivo a Carmen Retamal, por cuatro delitos de apropiación indebida en la comuna de Mostazal, Región de O'Higgins.
Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, cuando la implicada cumplía funciones como analista contable en una empresa de la zona y luego de que renunciara voluntariamente a su cargo, instancia en que la compañía realizó una auditoría interna, instancia que arrojó la defraudación realizada.
De acuerdo al fallo, "entre febrero y de mayo de 2013, Retamal solicitó al departamento de tesorería la emisión de dos cheques no nominativos para pagar a los proveedores por las sumas de $4.423.314 y $4.829.899, respectivamente,
los cuales depósito y cobró a través una cuenta corriente, cuyo titular es su pareja padre de uno de sus hijos. Operaciones que fueron cubiertas con falsas reversaciones o asignadas a proveedores inexistentes, con el fin de dejar las cuentas saldadas en el sistema informático contable, apropiándose de la suma de $9.253.231".
"Durante marzo de 2013, la acusada adulteró una planilla de pago electrónico del Banco de Chile correspondiente a la empresa, incorporando en un registro extra a su primo J.A.V.B. quien no trabaja ni presta ningún tipo de servicio en la empresa, cobrando mediante depósito en línea la suma de $9.413.457. Movimiento que también cubrió de forma fraudulenta aparentando un anticipo a una agícola".
El documento culmina con un tercer hecho, respecto a que "solicitó vía correo electrónico a la secretaria de un proveedor, el pago de dos facturas de venta
de campos a la empresa querellante por la suma de $1.428.000 y $5.712.000, respectivamente, pagos que realizó la empresa, entregando un cheque por un total de
$7.140.000, el 30 de mayo de 2014. Cheque que fue cobrado por medio de
depósito con endoso en la cuenta de la pareja de Retamal".
Adicionalmente, el TOP otorgó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago de una multa de 30 UTM.
