Un boliviano de 23 años falleció al interior de un calabozo de la Subcomisaría de Carabineros en Colchane, según confirmó el personal de la posta rural de esa comuna este martes.
Uniformados lo detuvieron esta madrugada en el albergue local, después de que un grupo de migrantes apuntara que su rol como "coyote" en la frontera, es decir, facilitando el cruce irregular de personas a cambio de dinero.
Poco después de que fuese conducido hasta la unidad policial, el consultorio recibió un llamado de Carabineros cerca de las 2:00 horas "diciendo que tenían una situación de emergencia", indicó el médico Andrés Vergara.
"No tenemos muchos antecedentes respecto a qué es lo que sucedió, solamente hicimos la constatación de la escena, y esta persona llevaba un tiempo fallecido desde que nos llamaron", relevó el facultativo, agregando que "el resto de las pericias quedarán a cargo del Servicio Médico Legal (SML) y de la Fiscalía".
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a este caso y señaló que "hubo una detención de una persona acusada de trata de personas, que se encontraba retornando a la frontera desde el territorio nacional, fue interceptada y detenida, y tuvo una complicación de salud que hay que establecer cuál es el origen, y falleció estando en un calabozo".
En esta línea, remarcó que "por ser una persona que se encontraba bajo el control del Estado, tiene que hacerse una investigación muy profunda, y establecer si se hicieron todos los procedimientos necesarios para darle atención. Independiente de cuál haya sido la acusación que esta persona tenía, era responsabilidad del Estado en ese momento su cautela".
Por ahora, funcionarios de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI desarrollan las primeras diligencias en la subcomisaría.
SE APLICARÁ AUTOPSIA BAJO EL PROTOCOLO DE MINNESOTA
Horas más tarde, la Fiscalía de Tarapacá confirmó que instruyó al SML a realizar una autopsia bajo el protocolo de Minnesota, utilizado cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo custodia de agentes del Estado.
Dicho protocolo corresponde a un conjunto de normas -recomendadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- para investigar una muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada.
Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la aplicación de la regla al considerar que "tiene que hacerse una investigación muy profunda".
"Por ser una persona que se encontraba bajo el control del Estado en ese momento, tiene que hacerse una investigación muy profunda, establecer si se hicieron todos los procedimientos necesarios para darle atención, independientemente de cuál haya sido de la acusación que esta persona tenía", dijo la titular de Interior.
