La duración del proceso está planificada para tres semanas, dada la numerosa cantidad de víctimas y testigos que declararán, informó la Fiscalía.
En modalidad semipresencial comenzó este jueves el juicio oral contra del matrimonio conformado por Neysmy Toledo Riveros y Gilberto Arredondo Zamora, y su secretaria, Natalia Gutiérrez Carrillo, acusados por la Fiscalía de Alto Hospicio por el delito de estafas reiteradas ocurridas entre los años 2014 y 2016, periodo en que presuntamente engañaron a numerosas personas de la comuna ofreciéndoles viviendas y terrenos a cambio de dinero.
Por parte del ente persecutor estuvieron en forma presencial en el tribunal la fiscal a cargo del caso, Virginia Aravena, y la abogada asistente Alejandra Gálvez.
"En este juicio probaremos que los acusados engañaron a numerosas personas de escasos recursos de la comuna de Alto Hospicio, a quienes hicieron creer que eran dueños de terrenos o que estaban a cargo de la construcción y que a través de ellos podrían conseguir una vivienda, cobrándoles dinero con el único fin de usarlo para los fines personales de los acusados", indicó la fiscal en su alegato de apertura.
En esta jornada, comenzó su declaración de la secretaria de la pareja, quien se defiende señalando que ella también fue engañada por los otros dos acusados. Toledo y Arredondo, en tanto, decidieron no declarar por ahora, indicando que lo harían cuando sea el momento de la prueba de su defensa.
La acusación de la Fiscalía es por cuatro hechos. Dos tienen relación con comités de vivienda: "Alto Miramar" y "Un Hogar Digno"; el tercero con la Agrupación de Pequeños y Medianos Empresarios "Lo Alto Hospicio", y un cuarto con la estafa realizada a una familia de comerciantes.
De acuerdo con el Ministerio Público, en todos estos casos, los acusados realizaron una serie de acciones para hacer creer a las víctimas que eran dueños de terrenos en El Boro y en Santa Rosa donde construirían viviendas, y que las personas debían entregarles dinero para obtener una casa, ya sea cancelando cuotas de inscripción, por estacionamientos y urbanización, entre otros cobros.
En el caso de la familia de comerciantes, ésta fue engañada para sumarse como socio capitalista a los supuestos proyectos habitacionales que tenían los acusados, entregándoles más de 100 millones de pesos.
La Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de presidio para el matrimonio y cinco años y un día de presidio para la secretaria.
