Entre los ocupantes se encuentran concejales de Iquique, el director de Senadis Tarapacá y un notario público en ejercicio.
Según el documento, dicha falta puede implicar una "falta de probidad administrativa".
La Contraloría Regional de Tarapacá reveló que varios funcionarios públicos mantienen terrenos ilegalmente ocupados en el borde costero de Iquique y Pisagua.
De acuerdo al informe del ente fiscalizador, entre los funcionarios públicos involucrados destacan los concejales de Iquique Felipe Arenas y Octavio López, además del notario Carlos Vila Molina, quienes a través de sociedades mantienen propiedad de esos terrenos. También figura el actual director regional de Senadis, Guillermo Cortés.
"Sí, tengo participación en una sociedad por acciones. Tengo un rol de accionista muy minoritario, son acciones que compré hace mucho tiempo y efectivamente ese terreno se otorgó a través de una concesión marítima, legalmente a través de todos los conductos regulares y cuando yo participé allí se asignaba un terreno para construir una cabaña en ese lugar", señaló el concejal Arenas.
"En esa circunstancia, cuando yo me entero de que la concesión marítima caducó yo no hice ningún tipo de construcción ni uso de ningún terreno", enfatizó el edil.
El papel de la autoridad marítima
El documento Final N° 377 tuvo como finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones legales de la repartición en esta materia entre el periodo del 1 de enero al 21 de diciembre de 2018, "sin perjuicio de incluir operaciones de otros periodos, en la medida que se estimaron necesarias".
Contraloría Regional identificó en los listados de ocupantes ilegales e irregulares a 10 funcionarios públicos y personas contratadas a honorarios "que a la fecha de fiscalización se mantienen trabajando en diversas reparticiones públicas".
El organismo advierte que "las situaciones advertidas y que afectan a los citados servidores públicos podrían implicar una falta al principio de probidad administrativa regulado en la ley N° 18.575, específicamente respecto a la obligación de todo funcionario de observar una vida acorde con la dignidad del cargo".
Respecto al caso del director regional de Senadis, el ente fiscalizador advierte que Cortés, en 2017, mantuvo la ocupación de un terreno en Playa Quintero donde comenzó el trámite de concesión marítima menor con el objetivo de regularizar la ocupación del Complejo Turístico Victoria. El documento señala que la "ocupación cesó ese mismo año y que a la fecha el funcionario no continúa ningún trámite".
De acuerdo a lo señalado en el texto y frente a estos hechos, el organismo fiscalizador no detectó algún tipo coordinación "entre las entidades de la Región de Tarapacá".
La seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Pilar Barrientos, señaló que "los desalojos de esa área y de las concesiones marítimas o que se caduquen o que se dejen sin efecto corresponde a la autoridad marítima".
Ocupaciones ilegales en Iquiqe y Pisagua
De los principales resultados, el informe señala que según el castastro proporcionado por la Seremi de Bienes Nacionales Tarapacá, figuran 40 ocupaciones ilegales en la comuna de Iquique y tres en la localidad de Pisagua, en la comuna de Huara.
Sin embargo, la fiscalización de la Contraloría arrojó la presencia de cinco terrenos en Pisagua, los cuales no se encontraban registrados.
"Quedando en evidencia que este no se encuentra actualizado, lo que no permite tener un conocimiento de la cantidad real de ocupaciones ilegales e irregulares. Lo anterior no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 19 del citado decreto ley N° 1.939, de 1977, en lo que se refiere a cuidar que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven", detalla el documento.
El informe además sostiene que se constató un oficio por parte de la Seremi de Bienes Nacionales respecto de ocupaciones en caleta San Marcos a la Gobernación Provincial de Iquique, pero que la secretaría regional ministerial lo hizo fuera de plazo con un promedio de atraso de 19 meses.
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