En la Región de Tarapacá se han comisado desde leones hasta quirquinchos.
Un alto porcentaje ha sido detectado en casas particulares donde son mantenidos como mascotas.
Algunos ejemplares han sido escondidos en los motores de automóviles
El tráfico y la tenencia ilegal de especies protegidas son delitos tipificados por la Ley de Caza que administra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), institución que en los últimos 10 años sólo en la región de Tarapacá ha incautado un total de 234 ejemplares.
Durante el 2020, el director regional del SAG, Alfredo Fröhlich, manifestó que la cifra alcanzó el decomiso de 28 ejemplares, siendo la especie de mayor tráfico los psitácidos conocidos comúnmente como loros o papagayos, donde se incluye a los guacamayos y las cotorras, entre otras especies de la misma familia.
"Lo decomisado durante el 2020 representa un 11 por ciento de lo incautado en los últimos 10 años, lo que es un indicador de la problemática existente en la zona, donde el SAG ha decomisado desde leones que se han mantenido en cautiverio sin los documentos legales correspondientes que acrediten su legítima procedencia hasta monos, serpientes y quirquinchos", agregó.
La autoridad recalcó que el trabajo del organismo se focaliza en frontera, donde en caso de detectar este ilícito, y por razones sanitarias y de bienestar animal, la primera opción es devolver los ejemplares al país de origen para su recuperación. Sin embargo, un porcentaje importante de estos animales producto del tráfico, son detectados en domicilios particulares donde son mantenidos como mascotas.
"Los animales objeto de tráfico ilícito suelen sufrir mucho, no solo por las deplorables condiciones de su cautiverio, sino por el propio hecho de soportar largos trayectos, lo que provoca en ocasiones su muerte. En las incautaciones se han encontrado ejemplares escondidos en los motores de los automóviles, en los neumáticos, en maleteros e incluso ocultos entre las prendas de vestir de los pasajeros", relató Fhöhlich, quien afirmó que el comercio de especies vivas tiene un fuerte impacto en sus poblaciones, especialmente en aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción.
En este sentido, Fhöhlich precisó que las sanciones al comercio ilegal de animales se traducen en multas de hasta 200 UTM (unos 10 millones de pesos) y prisión
en su grado medio a máximo a quienes: cazaren, capturaren o comerciaren especies de la fauna silvestre cuya caza o captura se encuentre prohibida, y para aquellos que comerciaren indebidamente con especies listadas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (CITES).
"Llamamos a la comunidad a no comprar animales en lugares no establecidos y respecto a los cuales desconoce su origen, ya que la mayoría de los animales ilegales se comercian en ferias libres, por dato, por teléfono y, en general en forma oculta. Denuncie ante Carabineros, Policía de Investigaciones o al SAG a quienes ofrezcan animales ilegales o a los lugares donde se sepa son mantenidos o comercializados y pida siempre al vendedor que le muestre los documentos que certifiquen su origen (importación, compra autorizada, etc.), o bien consulte en las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero", cerró el director.
