Los casos se produjeron tras el terremoto de 2014 en la Región de Tarapacá.
Un funcionario público que atendía el stand informativo de acceso a los subsidios está entre los imputados.
Se calcula que el monto defraudado asciende a la suma de 225 millones de pesos.
El Tribunal de Garantía de Iquique formalizó durante la mañana de este martes a 44 personas acusadas de obtener subsidios de arriendo y de acogida familiar de forma irregular tras el terremoto que sacudió a la Región de Tarapacá el año 2014.
Según manifestó en la audiencia de formalización el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, los imputados incurrieron en dicho delito "incumpliendo los requisitos que era necesario tener para obtener el beneficio y además haciéndolo a sabiendas".
Además comentó que los acusados fueron detectados mintiendo sobre su situación a través de diversos mecanismos como por ejemplo un sistema de fiscalización empleado por el Ministerio de Desarrollo Social desde donde emanaron las primeras denuncias de incumplimiento.
Se calcula que el monto total defraudado hasta el momento -contemplando sólo a las personas formalizadas-, va entre 220 millones de pesos y 225 millones de pesos.
"En algunos casos nosotros verificamos que había personas que pedían este subsidio de arriendo y no están arrendando, entonces basta ese conocimiento para cometer el delito, no significa saber si lo que hago es malo o bueno, sino que saber lo que estoy haciendo no correspondía a lo que yo informé cuando se solicitó el subsidio. Ese es el dolo que se requiere en estos casos", precisó el persecutor.
Funcionarios públicos involucrados
Entre los formalizados se encuentran funcionarios públicos que se dedicaban a la atención de público en un stand informativo dispuesto por la Intendencia Regional.
"Hay una de las personas formalizadas que formaba parte del stand informativo en donde se explicaba cómo había que hacer esto y sabían los detalles de cómo operaba el subsidio, y aún así los obtuvieron a sabiendas de lo que hacían era irregular", detalló Guerrero.
Tras escuchar los argumentos por parte del Ministerio Público, el tribunal concedió el arraigo nacional y firma mensual para los 44 imputados.
Por su parte, el defensor Mario Villablanca indicó que buscará probar el posible engaño del que fueron parte sus representados.
"Lo que se busca es poder establecer si ellos efectivamente han tenido participación culpable o no en estos hechos y a través de este proceso es que vamos a buscar que puedan presentar sus pruebas de descargo", señaló.
Se decretaron 180 días de plazo para la investigación y no se descartan nuevas formalizaciones.
