El Gobierno descartó este jueves la implementación de un estado de excepción constitucional en la Región de Tarapacá -semejante al que rige en la Macrozona Sur-, como solicitaron en la víspera diputados de la bancada UDI a raíz de la crisis migratoria en el norte y, en particular, tras la golpiza a carabineros protagonizada en Iquique por un grupo de extranjeros irregulares que traficaban droga.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el delegado presidencial regional subrogante, Natan Olivos, señaló que "el recurso de un estado de excepción tiene ciertas características que, en este caso, no tipificarían".
Sin perjuicio de ello, "producto a estas situaciones, hemos decidido reforzar el trabajo en conjunto a Carabineros, con operativos masivos en el borde costero", indicó.
"Hay que trabajar fuertemente ante esta situación; nosotros con Carabineros hemos realizado un plan impacto que ha tenido excelentes resultados con la fiscalización e intervenciones masivas en la comuna de Alto Hospicio e Iquique. A la vez, hemos realizado operativos en el borde costero con Carabineros, Armada, Servicio de Protección de la Niñez y Servicio de Migración", explicó.
"LOS ALCALDES FUERON CRÍTICOS DE LAS EXPULSIONES"
Olivos -que es delegado presidencial titular en la Provincia del Tamarugal- respondió también a las críticas planteadas en los últimos días por figuras de oposición respecto a la crisis, y recordó que en el pasado tanto alcaldes de la zona como el actual gobernador regional (José Miguel Carvajal, democráticamente electo) rechazaron políticas como la expulsión de migrantes irregulares, abogando por una regularización masiva.
"La crítica siempre va a ser bienvenida; nosotros hemos estado siempre listos para reaccionar frente a las situaciones que van surgiendo y hemos respondido en distintas líneas en el área migratoria, sanitaria y humanitaria. Sin embargo, la crítica pierde sentido si no es acompañada por acciones concretas. Por ejemplo, los mismos alcaldes que cuando el Gobierno empezó con las expulsiones -haciendo valer lo que era la normativa vigente- fueron muy críticos y apoyaron las acciones legales para frenarlo", enfatizó.
Además, "el gobernador se comprometió a hacerse cargo de los problemas migratorios y que iba a colocar una oficina de desarrollo para recibir a estas personas. Por otro lado, el alcalde mencionó que a estas personas había que recibirlas en Colchane, hacerlas ingresar de forma regulada y, además, mencionó que había que regularizarlos cuando hayan ingresado al país", apuntó.
