Gobierno se querelló por inhumación ilegal para dar con siete detenidos desaparecidos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En la línea del Plan Nacional de Búsqueda, presentaron acciones contra los responsables del extravío de un grupo secuestrado en Tocopilla en 1973, días después del golpe.

El objetivo es reiniciar diligencias de búsqueda en la mina La Veleidosa, lugar en el cual se presume que se encuentran sus osamentas.

Gobierno se querelló por inhumación ilegal para dar con siete detenidos desaparecidos
 Subsecretaría de Derechos Humanos

Familiares de las víctimas "tienen la fuerte convicción" de que fueron secuestradas por agentes del Estado, ejecutados por militares e inhumados en la mina La Veleidosa.

Llévatelo:

La Subsecretaría de Derechos Humanos presentó este miércoles un grupo de inéditas querellas contra todos quienes resulten responsables por los delitos de inhumación y exhumación ilegal de siete personas secuestradas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acción que busca dar con el paradero de las víctimas que a la fecha permanecen en calidad de detenidas desaparecidas.

La querella, presentada ante la Corte de Apelaciones de La Serena, busca conocer el paradero final de las víctimas, todas ellas secuestradas en la ciudad de Tocopilla (Región de Antofagasta), reiniciando diligencias de búsqueda en la Mina "La Veleidosa", lugar en el cual se presume puedan encontrarse osamentas de detenidos desaparecidos, como se logró en el mismo sitio durante la década de 1990.

"La presentación de esta querella va en la línea del Plan Nacional de Búsqueda que, si bien se encuentra en su etapa de elaboración, plantea entre sus ejes la presentación de querellas que tengan por objetivo determinar las circunstancias en que las víctimas fueron desaparecidas, acompañando siempre a los familiares en este un proceso que sana heridas del pasado y el presente", afirmó la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

"Es muy relevante para nosotros acompañar a los familiares en esta presentación, considerando el diseño del Plan Nacional de Búsqueda que ha impulsado la Subsecretaría de Derechos Humanos y a 50 años de las conmemoraciones del golpe de Estado, trabajando desde la convicción que enfrentar hoy las deudas pendientes, fortalece nuestra capacidad para avanzar en los desafíos inmensos del presente y del futuro", agregó el seremi de Justicia de Coquimbo, Rubén García.

SIETE SECUESTROS

En particular, la acción judicial pretende dar con el paradero final de Claudio Tognola, Luis Segovia, Carlos Garay, Agustín de la Cruz Villarroel, Luis Gómez, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz, todos detenidos durante la primera ola represiva que marcó inicio de la dictadura pinochetista en Chile, a pocos días de perpetrado el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Según el documento, al que accedió Efe, existen diversos testimonios y antecedentes que sitúan a la Mina "La Veleidosa", ubicada a 15 kilómetros de Tocopilla, como una zona vinculada a la muerte y desaparición de las personas individualizadas en la querella. Sin ir más lejos, parte de los restos de algunas de las víctimas ya fueron localizados en ese lugar.

"Sus familiares tienen la fuerte convicción de que ellos fueron secuestrados por agentes del Estado, luego ejecutados posiblemente por militares de la zona e inhumados en la mina ya individualizada. Luego, años después, se habrían realizado diversas acciones destinadas a hacer imposible el ingreso a la mina o dificultar gravemente los intentos de búsqueda", se señala en la querella.

En la misma, se destaca que el "ocultamiento de cuerpos" en esta zona del país, desértica y alejada de la capital, tiene un "carácter temprano" -durante las primeras semanas luego del golpe de Estado-, configurándose un "patrón criminal claro, en tanto que el ocultamiento de cadáveres en minas o piques mineros abandonados fue una práctica frecuente por agentes del estado en esta zona del país".

La querella presentada en esta jornada no es la primera que se enmarca en el plan de búsqueda, en tanto que en agosto pasado la propia ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó 17 demandas criminales por ejecuciones sumarias y desaparición forzada de 25 personas durante la dictadura, en particular hechos que hasta la fecha no habían sido investigados.

Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscados por sus seres queridos.

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