Finalmente en prisión preventiva quedó el ciudadano de nacionalidad colombiana que el pasado sábado fue dejado en libertad tras un error administrativo del Poder Judicial en Alto Hospicio.
El tribunal de la comuna lo formalizó por el delito de homicidio, luego que fuera acusado de apuñalar a un hombre tras una discusión, causándole la muerte.
De acuerdo a los hechos relatados por la fiscal (s) Alejandra Gálvez, el 24 de abril pasado, cerca de la 01:00 de la madrugada, la víctima identificada como Franklin Sedán Saucedo, de nacionalidad boliviana, fue hasta un local de comida al paso ubicado en el Comité de Vivienda "Dios es Nuestra Esperanza" de la comuna, lugar donde se encontraba consumiendo el imputado.
Ahí se inició una discusión entre ambos, momento en que el imputado le lanzó una botella de cerveza a la víctima que le ocasionó lesiones en el rostro y cuero cabelludo. La víctima reaccionó dándole un golpe en el rostro al acusado, ante lo cual éste huyó y Franklin Sedán ingresó a su domicilio, que estaba frente al local comercial.
Minutos más tarde el imputado regresó al local de comida, y luego llegó la víctima, momento en que el imputado aprovechó para sacar un cuchillo de 12 cm de hoja que portaba, abalanzándose sobre el afectado y propinándole una estocada en el pecho y un corte en el dorso de la mano, interviniendo un testigo quien logró reducirlo y quitarle el arma blanca. Atendida las lesiones que sufrió la víctima, falleció minutos más tarde.
La Fiscalía dio cuenta de las diligencias realizadas por el OS 9 de Carabineros para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, sobre todo la declaración de testigos, quienes explicaron que la pelea se habría iniciado porque la víctima le decía al imputado que era boliviano y no colombiano. También se presentó el informe del Servicio Médico Legal que confirmó que la víctima falleció por un taponamiento cardiaco causado por una herida penetrante torácica complicada, lesión que era necesariamente mortal aún con atención médica oportuna y eficaz.
Debido a la gravedad de los hechos y por ser la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando un plazo de investigación de 120 días.
