A siete, entre ellos dos ex concejales, se les decretó el levantamiento del arresto domiciliario.
En el caso del ex seremi J.V.P, se mantuvieron las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contactarse con funcionarios públicos.
Caso Luminarias se destapó en el año 2018.
El Juzgado de Garantía de Iquique modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba en contra de siete imputados acusados de cohecho reiterado, soborno y fraude al fisco en el marco del caso Luminarias.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Frederick Roco acogió la propuesta del Ministerio Público y las defensas, por considerarla adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento, dejando sin efecto el arresto domiciliario total que les afectaba.
Por ende, a los ex concejales M.C.T y A.L.V, los ex funcionarios municipales D.V.B y R.G.C. y los particulares P.G.G., G.P.Y. y C.U.B., les fue decretada nuevas medidas cautelares, como la firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de contactarse con funcionarios públicos.
El magistrado, además, acogió la solicitud de las defensas de los ex concejales F.A.L. y G.C.V., y el ex funcionario municipal T.V.F., decretando para ellos las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con funcionarios públicos.
En el caso del ex seremi de Deporte J.V.P. se mantuvieron las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contactarse con funcionarios públicos, dado los incumplimientos presentados a la fecha.
Según el ente persecutor, una investigación iniciada en 2018, permitió detectar que los concejales y los funcionarios municipales habrían aceptado, a cambio de un beneficio económico, entregar a empresas que participaban en la licitación de recambio de luminarias públicas en la ciudad, acceder a información de la etapa previa de elaboración de las bases, incluso proponer montos para las ofertas más elevadas, lo que les permitiría asegurar beneficio económico y la adjudicación final de la licitación. En dicho contexto, J.V.P. habría actuado como intermediario local de dichas empresas para proceder al pago del soborno comprometido.
