Se trata de una ex funcionaria que ejercía labores de camarera en el Servicio de Bienestar Social del Ejército en Iquique.
El Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad ordenó el pago de 60 millones de pesos.
La mujer denunció vejaciones y abuso desde el año 2012.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique falló a favor de una ex funcionaria del Servicio de Bienestar Social del Ejército luego de que ésta denunciara haber sido hostigada sexual y laboralmente por superiores.
Según el fallo, las demandas presentadas por la afectada dan cuenta de que en el año 2012 comenzó a ejercer labores como camarera en el Centro Recreacional Huayquique, lugar donde fue acosada por un suboficial, quien además era su superior directo.
Ofrecimientos y tocaciones
La mujer relató que desde que comenzó a trabajar en dicha instalación fue hostigada e incluso el acusado se le acercaba para invitarla a salir frente a personal militar, lo que provocaba burlas y humillaciones por su negativa.
Además señaló que en los años 2013 y 2014 las bromas de carácter sexual y de doble sentido, incluyendo ofrecimientos por parte de algunos militares para "pasar un rato con ellos", no cesaron. Pese a ello, no pudo renunciar debido a la necesidad de mantener a sus hijos.
Según su testimonio, a comienzo del año 2016 -mientras ella se encontraba en la cocina-, ingresó su superior, quien le practicó tocaciones de carácter sexual, situación que ella denunció en la Fiscalía Local de Iquique.
Pese a que después de ese episodio fue enviada a otra instalación, la mujer denunció no haber contado con ayuda sicológica para superar lo acontecido, sumiéndola en una depresión por lo cual presentó diversas licencias médicas y psiquiátricas.
De vuelta de una de sus licencias, fue enviada al Casino de Oficiales, lugar donde -según su relato- comenzó a recibir maltrato y acoso laboral por parte de otro suboficial que ya tenía conocimiento de su situación anterior.
Tras varios episodios, la afectada decidió autodespedirse el 28 de enero del 2019 e interpuso una demanda que se fundó en incumplimiento por parte del empleador, por lo que exigió una indemnización por daño moral.
Por todos los antecedentes presentados, el juzgado acogió la demanda por vulneración de derechos fundamentales y ordenó el pago de 60 millones de pesos a la mujer por parte del Servicio de Bienestar Social de Ejército.
Dicha suma corresponde al pago de 11 remuneraciones, años de servicio, feriados legales y costas de la causa.
Reacción del Ejército
Desde el Ejército señalaron, a través de la Zona de Bienestar de Iquique, que "una vez conocidos los hechos denunciados por la funcionaria, dispuso la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el propósito de indagar los hechos y determinar posibles responsabilidades. Esta se dio por concluida mediante dictamen del fiscal en comisión, con fecha 3 de junio de 2016, no pudiéndose acreditar la
efectiva sucesión de los hechos denunciados".
"Como resultado de la investigación sumaria ejecutada por la institución y de la investigación realizada por el Ministerio Público en 2016, que arrojaron como resultado que los hechos no fueron constitutivos de delito, la Zona de Bienestar Iquique se encuentra revisando los antecedentes respecto de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado del Trabajo de Iquique, conforme a los plazos vigentes, para el ejercicio de los recursos que resulta procedentes en contra de la sentencia", indicaron.
