Por los delitos de robo con intimidación y tenencia de arma de fuego y municiones, quedaron en prisión preventiva los tres militares bolivianos detenidos el pasado miércoles en la zona fronteriza de Colchane, Región de Tarapacá.
Desde la Fiscalía explicaron que presentaron diferentes pruebas gráficas, declaraciones de las víctimas, testigos y Carabineros, además de las pericias a las armas de fuego y las municiones, con el fin de "acreditar que efectivamente estos tres imputados habían sido las personas que habían abordado a las víctimas y fueron las mismas personas que atacaron con arma de guerra a personal de Carabineros".
El abogado defensor, Christian Castro, aseguró que sus representados fueron detenidos en medio de su lucha contra el contrabando de vehículos hacia ese país y argumentó que "en un procedimiento de esta naturaleza pueden ocurrir errores, por algo a nivel internacional podemos denominar como incidentes (...) pero si nos centramos derechamente en el hecho, no se trataba más allá de actividades propias del cuerpo de tarea de la Unidad Bravo que desarrollaba en el sector fronterizo".
Pese a esto, la magistrada Daniela Gutiérrez no dio lugar a los argumentos presentados por la defensa y los desestimó, señalando que "hay una labor de colaboración y coordinación por parte de las fuerzas que protegen y resguardan las fronteras del país, sin embargo, no se acreditó que en este caso en concreto haya existido una gestión para hacer efectiva esta colaboración, no se acreditó que se haya efectuado algún llamado dando cuenta que, supuestamente, se estaba intentando contrabandear algunos vehículos en la frontera".
Tampoco dio lugar a una posible sustitución de la pena, como por ejemplo, la expulsión del país de los tres militares, tal como lo había solicitado la defensa.
"El día de hoy, por los antecedentes que existen a la fecha, no sería posible un cumplimiento sustitutivo por parte de los imputados", expresó.
Por último indicó que "por tales razones se rechazan las peticiones de la defensa, se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.
