Según conversaciones reveladas por la Fiscalía, la funcionaria de la Delegación de Tarapacá realizaba esta práctica hace dos meses.
El Gobierno no ha descartado querellarse en su contra.
El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte dejó en prisión preventiva a la encargada de un albergue de la comuna fronteriza de Colchane, acusada del delito de tráfico de migrantes al facilitar el ingreso a Chile a venezolanos y bolivianos indocumentados.
La funcionaria, que se desempeña en un albergue perteneciente a la Delegación Presidencial de Tarapacá, aparentemente fue sorprendida en varias oportunidades ingresando de manera ilegal a al menos cuatro ciudadanos venezolanos y bolivianos.
Durante el control de detención de este viernes, la Fiscalía reveló conversaciones que acreditan que la mujer realizaba esta práctica hace aproximadamente dos meses.
Éstas consisten de contactos con distintos extranjeros que esperaban que los ayudara a cruzar la frontera de Colchane a través de distintos pasos no habilitados.
La fiscal Camila Albarracín explicó en la audiencia que entre octubre y diciembre de este año, "Denisse Carolina Gallegos Castro, aprovechándose de su cargo público en el dispositivo para primera respuesta para migrantes -en el Complejo fronterizo de Colchane-, facilitó el ingreso ilegal por el paso no habilitado de al menos cuatro personas de nacionalidad venezolana, aún no individualizadas, lo que coordinaba a través de redes sociales como Facebook e incluso la aplicación WhatsApp".
En ese contexto, la persecutora añadió que las acciones que se le acusan fueron detectadas por la PDI, cuando la imputada abandonó el albergue y se acercó a un cierre perimetral, hizo señas a estas cuatro personas para luego gestionar con Carabineros la autodenuncia de ingreso ilegal.
Así, con esos antecedentes, el tribunal decretó la prisión preventiva "por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", que tendrá que cumplir en un plazo de 100 días mientras se realiza la investigación.
Tras su detención este jueves, el Gobierno anunció la apertura de una investigación sumaria en su contra, y que derivará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe las acciones pertinentes.
Asimismo, la Delegación no descarta la presentación de una querella criminal en contra de la acusada.
