Servicio de Evaluación Ambiental acogió solicitud de invalidación de Quebrada Blanca Fase 2

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) inició el procedimiento de invalidación adminstrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2.

Esto, debido a la solicitud presentada por comunidades y organizaciones del Área de Desarrollo Indígena (ADI) "Jiwasa Oraje" Ecozona Matilla en contra de la Resolución Exenta N° 74, del 17 de gosto de 2018, emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, que calificó como favorable el estudio de impacto ambiental.

Según la notificación del SEA Tarapacá entregada a las comunidades con fecha 10 de enero, entre los argumentos de los afectados para tal invalidación destaca el no cumplimiento del convenio 169 de la OIT, al no haberse efectuado el proceso de consulta indígena, no existiendo fundamentos concretos que expliquen tal exclusión.

A esto se suman los potenciales impactos ambientales culturales que la construcción y operación del proyecto puede producir a las comunidades, territorios y rutas de uso de pastoreo de llamas y alpacas, ya que el hábitat de estos animales se encuentra dentro del radio en donde operará el proyecto.

Otras de las razones expuestas por los afectados es que indican desconocer los lugares por donde pasará el trazado del acueducto de la planta desalinizadora que contempla el proyecto, además si dicho trazado afectará a los innumerables sitios sagrados que existen desde tiempos inmemoriales. 

Catalina Cortés, representante territorial de la ADI Jiwasa Oraje, señaló que "acoger la nulidad para nosotros es importantísimo, puesto que es una señal de que el Estado de Chile está avanzando hacia el respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas".

"Aprobar una RCA saltándose el deber de consultar a las comunidades es un gran error. Esperamos el fallo sea favorable y de no ser así seguiremos hasta las últimas consecuencias utilizando toda las estructuras legales para hacer valer nuestros derechos", finalizó Cortés.

Diez días para pronunciarse

Desde la compañía minera se informó que "la resolución fue notificada por carta certificada a Teck para que, dentro del plazo de diez días hábiles se pronuncie respecto del recurso". 

También señalaron que los grupos que presentaron la solicitud, "no están dentro del área del proyecto", y que "Teck ha emprendido un sólido proceso de participación con las comunidades y agrupaciones indígenas dentro del área más amplia del proyecto". 

"Hemos llegado a acuerdos con las ocho comunidades en el área del proyecto y estamos comprometidos a mantener relaciones sólidas y de beneficio mutuo". concluyó la empresa.