Desde septiembre del 2020 hasta septiembre pasado, se han ingresado 4.271 causas para buscar medidas de protección para niñas y niños migrantes, según datos reunidos por el Tribunal de Familia de Tarapacá.
La mayor parte de estas acciones se concentra en el Juzgado de Pozo Almonte, que ha conocido 3.911, mientras que en Iquique se han ingresado 360 hasta el mes pasado.
El objetivo de ingresar estos casos es, principalmente, "garantizar derechos de los niños migrantes de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño", sostuvo a Cooperativa Regiones la jueza María Olga Troncoso, precisando que entre ellos están "el derecho a permanecer en familia, a la reunificación familiar, su derecho a la identidad, oficiando al Registro Civil para obtener un RUT provisorio".
Además, se oficia a Fonasa "para la obtención de un NIT de atención y para que sea inscrito posteriormente en un consultorio para el acceso amplio a la salud en nuestro país; garantizamos también el ingreso al sistema educacional, entre otras medidas, como la satisfacción de sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, etcétera", detalló la magistrada.
El delegado presidencial provincial del Tamarugal, Natan Olivos, planteó que una vez que los niños llegan a las comisarías, estas avisan a la jueza de familia, "que inmediatamente despliega la medida de protección para ese niño".
Si el menor llega a tener un tutor legal y se comprueba que la familia lo conoce, y "además verificando que hay contacto con los papás, que a lo mejor están en Santiago o en alguna otra región, y que ellos reconocen a esta persona como un tutor válido, entonces la jueza determina que tenga la tutoría legal, y este niño puede transportarse con él y viajar a una reunificación familiar".
Al ir al detalle, se constata que 45 niños mayores de 15 o 16 años han entrado al país -por pasos habilitados o inhabilitados- sin compañía de adultos, y de ellos, 22 han logrado ser reubicados a la fecha, nueve permanecen en residencias del Sename a la espera de la reunificación familiar o de la preparación para una vida independiente, y 14 han evadido las residencias y presentan una orden de búsqueda vigente.
La cifra se eleva a 81 casos al mirar un rango de tiempo desde marzo hasta ahora.
"No ha existido alguna gestión eficiente"
Sobre esta situación, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, señaló que como entidad "hemos observado con mucho lamento cómo desde el punto de vista de la política pública, no ha existido, particularmente en la crisis del norte, alguna gestión eficiente".
"Al menos nosotros representamos en un primer oficio del año 2019 y que a pesar de esas peticiones de intervención directa a las entidades responsables, no ha logrado que se concreten medidas que les aseguren a éstos el ejercicio efectivo de sus derechos, y por eso es que insistimos y seguiremos insistiendo en la relevancia que tiene esta materia", puntualizó.
