La información fue entregada en el marco de la cuenta pública de la repartición.
Destacó además el decomiso de más de 127 mil pastillas de éxtasis, catalogado como cifra histórica.
Fiscal regional Raúl Arancibia entregando detalles en la cuenta pública.
Con el porcentaje más alto a nivel nacional de sentencias condenatorias cerró el año 2019 la Fiscalía Regional de Tarapacá.
La cifra la dio a conocer el fiscal regional, Raúl Arancibia, en el marco de la cuenta pública realizada por el organismo durante este viernes en Iquique.
Según el persecutor, se obtuvo un total de 9.532 sentencias condenatorias, lo que representa un 23,7 por ciento de total de causas en la región, convirtiéndose en el porcentaje más alto del país, superando el promedio nacional correspodiente a un 13,33 por ciento.
Cuenta pública Fiscalía de Tarapacá: se obtuvieron 9.532 sentencias condenatorias, que representan un 23,7% en relación al total de términos y que es el porcentaje más alto a nivel nacional. pic.twitter.com/mRNkp6JJM6
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) January 17, 2020
"Tuvimos muy buenas cifras en cuantos a juicios orales, sentencias condenatorias y en general a dar permanentemente la función que el público y la comunidad nos reclama. Hay muchas cosas que nosotros no podemos todavía lograr, pero sí podemos mejorar, como es el caso de archivos provisionales que todavía tienen un número alto", indicó Arancibia.
Decomisos y estallido social
En cuanto a incautaciones, destacó la realización de procedimientos por más de siete toneladas de droga, entre cocaína y marihuana, además del decomiso de más de 127 mil pastillas de éxtasis, lo que fue catalogado como una cifra histórica respecto de esta última droga.
De la misma forma, Arancibia se refirió al impacto que generó en tribunales las detenciones masivas tras el estallido social, lo que implicó que más de 230 personas fueran formalizadas por el delito de daños a la infraestructura, desordenes y simulares.
"Hasta el 31 de diciembre más 230 personas fueron detenidas por los delitos que fueron surgiendo a raíz de estos hechos, como son; desórdenes, daños, incendios, saqueos, incluso, en un solo día se llegó a controlar más de 85 detenidos", manifestó.
Manifestación
Mientras la cuenta pública se llevaba a cabo, un grupo de -al menos- 20 familiares exigían en las afueras de la Fiscalía Regional la liberación de cuatro jóvenes que quedaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por diversos delitos en el mes de noviembre en el marco del estallido social.
"A mi hijo le imputan el destrozo del parabrisas de un carro policial. Mi hijo tuvo un enfrentamiento con Carabineros y trató de defenderse porque Carabineros ha hecho costumbre el ahorcamiento hacia las personas que ha detenido, y mi hijo en las mismas condiciones. Mi hijo se fue en contra de Carabineros y por lo mismo fue encarcelado", señaló Roberto Rivas, padre de uno de los imputados.
Los familiares además denunciaron un eventual tráfico de influencias debido a que un quinto sujeto -detenido por lanzar una bomba molotov, hecho por el que posteriormente quedó en prisión preventiva- sería hijo de una funcionaria del Ministerio Público, lo que -a juicio de los familiares- le valió el cambio de la medida cautelar.
Respecto de esto el fiscal regional señaló que "efectivamente el hijo de una funcionaria nuestra el día 26 de octubre fue detenido, pasado a control de detención y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y el tribunal concedió la medida hasta el 26 de noviembre. Ese día se revisó la medida cautelar, y con antecedentes aportados por la defensa, se estimó modificar esa medida y pasó a tener arresto domiciliario".
