El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte realizó esta tarde la audiencia de formalización contra los dos imputados por los delitos de secuestro y tráfico de migrantes en esa comuna de la Región de Tarapacá.
Esta audiencia estuvo a cargo del fiscal Javier Gutiérrez, quien formalizó a estos acusados, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana, por mantener contra su voluntad a este grupo de personas en un inmueble tras haber ingresado de manera irregular al país.
Un total de 31 migrantes fueron descubiertos en este lugar, de los cuales ocho son menores de edad, quienes fueron trasladados a una residencia sanitaria para iniciar una cuarentena preventiva en el marco de los protocolos sanitarios por Covid-19.
En el caso de niños, niñas y adolescentes que están involucrados como víctimas, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, les garantizó "la protección del Estado" durante este proceso.
Formalización
El juez Horacio Andrade determinó para la mujer involucrada en este caso la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de tráfico de migrantes, dejándola sujeta a una caución de 100.000 pesos. Además, dio un plazo de 45 días para la investigación.
"Esto quiere decir que, en el evento de que ella pague la caución, recuperará su libertad y quedará a sujeta a la medida cautelar de arraigo nacional", explicó el fiscal Gutiérrez. El posible arraigo sólo por peligro de fuga, pues la mujer no tiene domicilio registrado.
Según se expuso en la formalización, esta persona se encontraba participando en una red de trata de migrantes. A los afectados les prometió llevarlos hasta Santiago tras pasar la frontera, pero al final los terminó encerrando en una vivienda en Pozo Almonte.
Pero su abogado Klaus Bremer sostuvo que la mujer formaba parte del grupo, pero que nadie le atribuyó algunas de estas acciones.
"No es que mi representada haya asumido este rol de guía, sino que se encontraba en un grupo viajando, y debido a que supuestamente ella habría venido en otras ocasiones, posee un conocimiento que las demás personas identifican, y por tanto le van consultando qué se tiene que hacer", apuntó el defensor penal público, junto con asegurar que a ella no se le "efectuó algún tipo de pago para facilitar o promover el ingreso ilegal a Chile".
En tanto, en el caso del hombre detenido, se le formalizó por el delito de secuestro contra estos 31 migrantes, a los que le pedía dinero -cerca de 85 mil pesos a cada uno- para su liberación, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, rechazándose la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
"Respecto a esa situación, apelé verbalmente en la audiencia; por lo tanto, el imputado sigue privado de libertad, detenido en carácter de ampliado en el día de mañana, cuando se resuelva esta apelación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique", indicó el fiscal.
En el caso del sujeto, el tribunal dio un plazo de 60 días para la investigación.
Detalles del hecho
Sobre los detalles de este delito, el jefe primera zona de Tarapacá, general Sergio Telchi, explicó que "dada la denuncia oportuna de una madre en Santiago, se logró dar con el paradero de un menor de edad, en condición de inmigrante ilegal en la comuna de Pozo Almonte".
Tras las diligencias correspondientes, el funcionario policial señaló que "se logró la detención de dos personas por secuestro y tráfico de inmigrantes, y lo más relevante es que se logró rescatar sano y salvo a este menor de edad como así también a 30 personas, dentro de ellos 23 adultos y 8 menores de edad".
Según lo que han podido conocer las policías, el hombre detenido es quien se encargaba de la alimentación de estas personas, mientras que la mujer fue quien hizo el contacto para que pudieran pasar por la frontera.
