El municipio de Valparaíso, con Jorge Sharp a la cabeza, presentó el 21 de mayo, a la Corte de Apelaciones, un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), luego que éste lo obligara a entregar información sobre sumarios por acoso sexual y maltrato laboral que solicitó una ciudadana, "debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales y sensibles de contexto contenidos en la documentación que se entregue".
Según dio cuenta La Tercera, en el recurso, el municipio señaló que la información solicitada "representa una infracción flagrante a la privacidad de los afectados en los sumarios" y que "razonar sobre la base de que el simple tarjado de los antecedentes (...) es suficiente para evitar la determinación de su persona es erróneo, toda vez que los sumarios contienen una serie de elementos que de manera sencilla pueden producir a que pueda determinarse de quiénes se trata".
El director de Asesoría Jurídica de la municipalidad, Nicolás Guzmán, explicó que "esta solicitud de información, en los términos planteados, es lesiva de los derechos fundamentales de las personas involucradas, especialmente de las víctimas, ya que la publicación y eventualmente divulgación de su información personal o de los hechos que dieron lugar a los procedimientos en cuestión, muy probablemente producirá la consecuencia adversa de revictimización y una vulneración a su privacidad".
En tanto, el CPLT no entregó declaraciones respecto del actuar del municipio.
LO QUE SE PIDIÓ AL CPLT
El organismo ordenó al municipio entregar la información requerida por una particular el 14 de enero de 2022, vía Ley de Transparencia, sobre el total de sumarios iniciados contra funcionarios y exfuncionarios municipales, de planta y a honorarios, por maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual y discriminación entre 2017 y 2022, con individualización de la o el acusado y la víctima.
Sin embargo, la alcaldía rechazó la petición el 10 de febrero, "en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia", argumentando que "el volumen total de los antecedentes consultados corresponde a 51 casos de denuncias por acoso y maltrato laboral y acoso sexual" y que "no dispone de personal exclusivo para atender ese proceso".
Ante la negativa del municipio, se presentó un amparo al CPLT, que resolvió acogerlo "parcialmente" el 6 de mayo, "ordenando la entrega de la información sobre sumarios consultados y sus antecedentes".
Según La Tercera, en la resolución, el CPLT detalló que los fundamentos del municipio no resultan suficientes para acreditar que responder a la solicitud de información supone la distracción indebida de los funcionarios en el cumplimiento de sus labores habituales.
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
La exdirectora de Cultura de la alcaldía, Isabella Monsó, renunció a su cargo en febrero de 2021 "por el ambiente laboral", después de haber presentado en mayo de 2019 una denuncia por acoso laboral contra una funcionaria que la insultaba durante las reuniones de equipo y gritaba a sus compañeros.
"Pasó un año sin que me informaran si la denuncia había sido acogida. Y en el período de la demora sigues lidiando con la persona que tú consideras que te está acosando (...) la denuncia se filtra y la persona se entera. Y si antes te acosaba, ahora es el doble. Durante todo ese proceso, de dilación, en que no nombran encargado de sumario ni se activa, sigues recibiendo ese acoso en una situación de máximo estrés", relató a La Tercera.
La actriz y máster en Gestión Cultural dijo que "hasta el día de hoy no sé los resultados del sumario". La persona denunciada, en tanto, sigue trabajando en el municipio.
Para Monsó, al no entregar la información requerida, "el municipio protege sus intereses, que son muy personales, no son colectivos (...) son individuales y de un grupo reducido de amigos, que buscan protegerse y que tienen el arma a la mano, porque la vía que le proponen a la gente para resolver el acoso laboral son los sumarios. Y como ellos manejan los tiempos, postergan los resultados y la gente no puede ni hablar de lo que les pasa".
En la demanda presentada por los concejales, en 2020, se señaló que "existe incertidumbre respecto a la demora en el tiempo de ejecución y resolución" de sumarios administrativos y la "correspondiente aplicación de sanciones administrativas a funcionarios por gestiones ejecutadas con desprolijidad".
Se estima que este año el tribunal concluirá la revisión de los documentos y emitirá una resolución que permita fijar fecha para la exposición del caso y los alegatos respectivos. Posteriormente, los ministros podrán dictar la sentencia que acepte o rechace la solicitud de remoción presentada.
LA MUNICIPALIDAD SE DEFIENDE
El municipio de Valparaíso respondió ante las acusaciones y volvió a insistir en la idea de resguardar datos sensibles que pudieran estar comprometidos, y, en un comunicado, afirmó que "con el objetivo de proteger los derechos y la debida protección a las víctimas, es que presentamos un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), a fin de que sean los tribunales de justicia los que definan los criterios y formas de informar estos casos".
"en atención a nuestro permanente compromiso con la transparencia, el año 2020 informamos al Concejo Municipal y la ciudadanía en general, a través del oficio DAJ 3559, respecto de todas las denuncias recibidas y sumarios iniciados, manteniendo la debida reserva de privacidad de las personas".
"Como Alcaldía Ciudadana reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, así como con las víctimas que requieren contar con garantías de privacidad y respeto que les permitan denunciar. Nuestra obligación es velar por aquello", zanjaró el comunicado.
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