La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana (independiente), declaró que "los problemas sociales no se abordan con desalojos", en referencia a la megatoma de la comuna, asegurando que la generación de barrios y el crecimiento de la ciudad "está dentro de los límites como para poder desarrollar ahí un proyecto importante".
La Corte Suprema confirmó en los últimos días el desalojo de los terrenos tomados en el cerro La Virgen, dando un plazo de seis meses. Desde el Gobierno, en tanto, se abrieron a la posibilidad de la compra del predio, según consignó esta jornada El Mercurio.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal indicó que "hay un problema enorme en San Antonio derivado de la crisis de las políticas de vivienda que no supieron dar respuesta a la necesidad de habitación de muchísimas familias, con una población por lo demás que también fue aumentando, sobre todo post pandemia. En esa línea, me parece que hoy día lo que tenemos que hacer el gobierno local, que es lo que hemos estado haciendo, con el Gobierno central, es determinar el estado de necesidad, determinar la cantidad de personas que requieren vivienda y aplicar políticas públicas sin que se abuse del estado de necesidad de las personas".
Por esto, sostuvo que el Estado tiene "todas las facultades para poder comprar, como para poder expropiar o ejercer otros mecanismos". En este contexto, aseguró que, pese a que esta toma no está urbanizada, "sí tiene una especie de ordenamiento que lo hace menos caótico que otros campamentos; tiene bastante bien determinadas sus vías de acceso, ha logrado llegar a acuerdo con la empresa que suministra electricidad".
Por lo anterior, matizó con que para "generar otro espacio, habría que comprar otro terreno para generar y proyectar una solución habitacional en paralelo", por lo que la idea más factible es que "ese sea el lugar donde eventualmente se pueda generar y aplicar una política de vivienda vinculada a quienes habitan ahí".
"Las condiciones del terreno son bastante adecuadas, es un terreno que estaba destinado a vivienda, de hecho por eso estaba en manos de una inmobiliaria, es una zona residencial y está bastante cercana a otras zonas residenciales, por lo tanto la generación de barrios y el crecimiento de la ciudad está dentro de los límites como para poder desarrollar ahí un proyecto importante y bastante interesante", añadió.
En esta línea, recalcó que "no puede haber un abuso de parte de quien es propietario del suelo, que obviamente tiene todo el derecho a venderlo o exigir un justo precio por el uso del suelo, pero un justo precio", criticando que "los propietarios no pueden aumentar el valor asumiendo que también el Estado tiene una necesidad de compra. Y ahí ya excede las facultades que tienen los gobiernos o las administraciones locales".
En relación a la decisión del máximo tribunal, Lizana declaró que "las sentencias están hechas para ser cumplidas, no me corresponde a mí decir que bajo ningún respecto que no se debe cumplir. Sin perjuicio de lo anterior, también hay un plazo pensando y atendiendo a la necesidad de ver qué políticas se pueden ejercer en este periodo para efectos de superar esta crisis".
Finalmente, la alcaldesa subrayó que "los problemas sociales no se abordan con desalojos, se abordan con catastros, con análisis y con determinación de políticas públicas", ya que esta situación derivó de la "crisis de las políticas de vivienda que no supieron dar respuesta a la necesidad de habitación de muchísimas familias".
MONTES: "CUALQUIER SOLUCIÓN PUEDE SER MUY CONTRAPRODUCENTE"
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a esta situación y señaló que "si nosotros compramos así fácilmente al que nos pide, porque este lugar de la discusión cuando se produjo la toma los dueños no lo reclamaron en su primer momento, los dueños desde el comienzo han dicho que quieren venderlo, han ido a ofrecernos hasta precios. Nosotros les decimos que tenemos campamentos y necesidades por muchos lados y tenemos un programa de compra. Ellos mismos son los que van a los tribunales y finalmente terminan la Corte Suprema planteando que en seis meses tienen que salir".
"Ustedes comprenden que cualquier solución puede ser muy contraproducente si no se toma en cuenta lo que va a implicar, porque si este es el camino va a llegar rápidamente de necesito, todo el mundo va a pedir lo mismo, entonces estamos tratando de fortalecer la política pública y simultáneamente con eso saber quiénes son los que viven ahí", explicó.
"UN BALDE DE AGUA FRÍA"
Ante la decisión de la Corte Suprema, se han desarrollado manifestaciones por parte de los habitantes de la megatoma, quienes han levantado barricadas en plena Ruta 68 exigiendo que el Gobierno los visite con una solución de habitabilidad.
En esta línea, la representante de la organización Buenos Aires de San Antonio Karina Ayala dijo que la sentencia les cayó como un "balde de agua fría", ya que confiaban en el cierre de un acuerdo de compra con el Estado donde los vecinos harían uso de sus subsidios habitacionales.
"La intención de nosotros no es saltarnos la fila (...). Necesitamos una urgencia habitacional porque tenemos seis meses para abandonar; ¿Dónde nos vamos a ir las siete mil familias que ocupamos este terreno? Tenemos adultos mayores, niños chicos, niños con discapacidad, adultos con discapacidad... ¿Dónde metemos a toda esta gente?", manifestó Ayala.
