Por el presunto delito de estafa en calidad reiterada fue formalizada esta jornada la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio (independiente de derecha), junto a la exconcejala Juana Zamora, quedando la jefa comunal bajo arresto domiciliario total y la exedil con arresto domiciliario nocturno.
En la investigación, existe un tercer imputado, el arquitecto Mauricio Torres, quien sin embargo, no se presentó a la audiencia de formalización al no lograr ser notificado.
Según el fiscal Patricio Toro de la Unidad Anticorrupción, los hechos se remontan al periodo octubre 2015–diciembre 2019, época en que los imputados "previamente concertados" habrían engañado a los miembros de al menos cuatro comités de viviendas de Cabildo y El Melón, generándoles un perjuicio económico de unos 173 millones de pesos.
En la imputación de cargos, el persecutor explicó que los imputados ofrecieron a las víctimas la posibilidad de participar de un proyecto habitacional "fingiendo seguir el proceso regular para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que no fue ejecutado pese a haber cobrado a cada víctima (...) siempre bajo engaño para la realización de trámites que no tienen costo alguno".
En ese sentido, el fiscal Toro señaló que Osorio y Zamora –que también era miembro de un comité- ofrecieron los servicios del arquitecto Torres para obtener cambios de uso de suelo y luego emplazar viviendas en el sector El Quemado, comuna de Cabildo.
Torres, indicó el persecutor, les habría asegurado a las víctimas que contratando sus servicios los trámites se llevarían a cabo por una vía más rápida, señalando además que trabajaba con tres constructoras en el proyecto, en una de ellas –especificó el persecutor- el imputado había sido socio y no estaba inscrita en Serviu como entidad patrocinante.
Alcaldesa persuadía a las víctimas
En cuanto a la participación de Osorio, el persecutor sostuvo que "persuadía a las víctimas a pagar cuotas avalando a Torres en su calidad de alcaldesa de Nogales porque ahí se habían llevado a cabo proyectos habitacionales similares".
Natalie Muñoz, vocera de los afectados, contó que ellos nunca solicitaron la presencia de Margarita Osorio en las reuniones y que no sabían bien cuál era su rol, pues se trataba de un proyecto de una comuna a la que no pertenece la jefa comunal de Nogales.
"Ella vino a muchas reuniones en Cabildo, pero en ninguna recibió dinero, pero sí instaba a cancelar. Mucha gente se atrasaba en los pagos y ahí venía ella a amedrentar que si no pagábamos o se ponían al día, iban a ser sacados de los comités", cuenta Muñoz.
Agrega que "Margarita Osorio está utilizando mucho que esto es algo político, pero para nosotros no es algo político, es algo que tiene que salir a la luz porque no puede volver a pasarle a nadie. Somos gente de esfuerzo, gente humilde, que nos cuenta conseguir el dinero, nadie tiene casa, algunos viven en tomas, entonces es fome lo que sucedió porque jugaron con nosotros".
El fiscal precisó que el universo de víctimas es de alrededor de 450, pero que hasta el momento 66 han prestado declaración y entregado antecedentes sobre cómo operaban los imputados. Sin embargo, precisó Toro, hay diligencias para poder llegar a más víctimas.
Traspaso de dinero entre imputados
De igual forma, Toro dijo que hay otras diligencias que apuntan a "al análisis de cuentas de los imputados. Hay algunos antecedentes que se dieron a conocer en audiencia, pero se requiere complementar esa información bancaria de los imputados para acreditar la existencia de traspaso de dinero entre ellos y hacer una trazabilidad de los fondos".
En tanto, Matías Mundaca, defensor privado de Margarita Osorio, aseguró que la "Fiscalía no va a poder probar que tuvo participación en un delito. No puedo hablar de si ella fue o no engañada, solamente de que prestó su recomendación del profesional. No presentó a un tipo cualquiera, presentó a un arquitecto, colegiado, que tenía una empresa, que había factibilizado otros terrenos antes".
"Lo que haya hecho después con los fondos, en eso no tiene participación doña Margarita Osorio, si ella es una alcaldesa, una figura pública, no cobró dinero, no dio recibos, al señor Torres nunca nadie más lo ha visto", sostuvo el defensor.
Por su parte, el abogado querellante, Mario Fuentes, valoró que el Juzgado de La Ligua otorgara las medidas cautelares solicitadas.
"No es común que en este tipo de delitos económico se adopten medidas privativas de libertad, pero el tribunal estimó que estamos en presencia de la comisión de un delito grave", dijo el jurista.
El tribunal determinó un plazo de 90 días para la investigación, la que –según el fiscal Toro- se encuentra avanzada tras dos años de indagatoria desformalizada.
