La Subsecretaría de Redes Asistenciales realizó una auditoría al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) encontrando una serie de irregularidades que consideran pagos sin respaldos, contrataciones fuera de glosa, anomalías en subrogaciones de cargos directivos, y la contratación millonaria vía trato directo de una empresa proveedora de profesionales para hospitales que se encuentran en etapa de puesta en marcha, entre otros.
En consecuencia se estableció una "eventual vulneración de cuerpos normativos" y se "solicita el inicio de un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas" detectadas tras analizar una "muestra de convenios de los meses de enero a marzo del año 2023, considerando en algunos aspectos el periodo de octubre a diciembre de 2022".
Uno de los puntos abordados en el informe N° 28/2023 que fue emitido a fines de junio y remitido al director del SSVSA, Fernando Olmedo, quien asumió las funciones en diciembre del año pasado, es el convenio por trato directo aprobado el 15 de junio recién pasado con el proveedor de Servicios Profesionales Global 21 por un monto total de $56.912.774 con el objetivo de la contratación de personal para los proyectos de normalización de los hospitales de Casablanca y San Antonio.
Lo anterior invocando "la causal que permite acudir a esa modalidad de contratación en caso de emergencia, urgencia o imprevisto", mencionando también las instrucciones de la jefa de administración de personas, quien señala –dentro de varios puntos- que "es necesario priorizar la provisión de cargos que son necesarios antes, durante y después de la puesta en marcha de los hospitales".
Al respecto la auditoría señala que aquello se trata de una excepción y que "aun cuando puede un proceso ser considerado un requerimiento de urgencia, es del caso que este tiene por finalidad proveer de personal a establecimientos que se encuentran en proceso de normalización y por tanto es una situación que pudiese haber sido contemplada con anterioridad".
Sobre el punto, el informe señala que es posible que "no se acceda a un valor menor o un mejor servicio y que se destinen recurso para adquisiciones a un valor mayor al estimado" y recomienda que el SSVSA "debe revisar y complementar su plan de compra con la finalidad de llevar a cabo las licitaciones que corresponda".
Contrataciones por sobre las autorizadas
En cuanto a contrataciones, la auditoría concluyó la contratación de seis personas "por sobre lo autorizado", tomando como referencia la Ley de Presupuesto 2023 que "señala la autorización de 1 persona con un presupuesto de $652.000".
Sin embargo "de acuerdo a lo revisado en el Sistema de Información de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, SIRH, específicamente el módulo Honorarios, se observa para el mes de marzo de 2023 la contratación de siete personas en la Dirección de Servicio con un monto líquido pagado de $12.259.742".
"En efecto, los antecedentes dan cuenta de que el Servicio de Salud, en conocimiento de los definido por la Ley de Presupuesto, procedió a la contratación de 6 personas por sobre lo autorizado, así como respecto de los montos fijados", pidiendo que se ponga fin a los contratos.
No hay registro de cumplimientos de jornada
Sobre la misma línea de contrataciones, menciona el informe, no fueron autorizadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región, lo que "genera deficiencias en el control de personal".
En otro punto del informe se establece el hallazgo de inconsistencias en respaldos de pagos de convenios a honorarios, pues se detectaron al menos tres casos de personas contratadas por una cantidad determinada de horas de trabajo, a las cuales solo se les exigió un informe para cursar los pagos que equivalen a $3.771.480, $13.030.990 y $3.996.033.
"Lo expuesto anteriormente puede ocasionar pagos por actividades no ejecutadas y dificultades a la hora de realizar descuentos por incumplimiento de lo contratado lo que puede derivar además en daño patrimonial al Servicio y no permite un efectivo proceso de fiscalización", pues "no se observa un registro de cumplimiento de jornada laboral", concluye el documento.
Se vulneraron instrucciones presidenciales
En otro punto, la auditoría determinó que un profesional fue contratado por un monto de $6.170.000 con el objeto de "determinar el nivel real de los pasivos hospitalarios no solo del Hospital Carlos Van Buren, sino de todos los establecimientos de la red, incluida la DSSVS, con todos sus proveedores".
Aquello, estableció el análisis, vulneró "las numerosas circulares de presidencia sobre austeridad y buen uso de los recursos fiscales (...) y los dictámenes emitidos por CGR", pues el informe sostiene que el SSVSA "cuenta con una red de auditores compuesta por nueve profesionales (...) con la experiencia para efectuar una auditoría y levantamiento de información como la de la especie".
Asimismo, se indica que dicha persona "accederá a información propia del Servicio, sin que en su contrato se hubiesen establecido cláusulas de resguardo de la información a la que accede".
Posteriormente, la auditoría concluyó que hubo un incumplimiento a lo "estipulado en el gabinete presidencial" sobre "buen uso de los recursos fiscales", al generar dos convenios con una persona contratada como "'experto en reducción de riesgos de emergencia y desastre' para los proyectos de 'Normalización hospital Claudio Vicuña, San Antonio', y 'Normalización hospital San José, Casablanca'", por un monto de $5.896.720.
Lo anterior debido a que "la persona sujeto de esta evaluación no posee un título profesional o técnico y solo presenta antecedentes de 3 años cursados de la carrera de Ingeniería en prevención de riesgos, junto con otras capacitaciones que no entregan grado académico completo".
Agrega que el monto pactado "sobrepasa el monto máximo que se puede cancelar según 'nivel académico completo' en concordancia con el sueldo bruto mensual del Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales" y que se puede ocasionar "un impacto en el presupuesto" como en "contratar a personas no calificadas".
Falta de transparencia activa
De igual forma, la auditoría evidenció que de acuerdo al portal de transparencia de la dirección del SSVSA "en la información relacionada con el ámbito de remuneraciones, no se encuentran informados los convenios" de cinco personas de 11 contratos considerados como muestra.
Aquello, establece el texto, "no se ajusta a los estipulado en el artículo 7 de la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública" y "no permite transparentar a los ciudadanos sobre las acciones que lleva a cabo el Servicio en términos de requerimientos de personal".
Subrogancias irregulares
De igual forma, el informe evidenció que los cargos de subdirector de gestión y desarrollo de personas y el de subdirector de desarrollo institucional se encuentran cubiertos en calidad de suplencia, contraviniendo el estatuto administrativo que establece que la subrogancia no podrá extenderse por más de seis, los que se cumplieron a mediados del mes pasado, debiendo ser cubiertos mediante concursos.
En la misma línea, el documento hace ver que la subrogancia del cargo de director de Atención Primera no posee respaldo legal, pues se trata de un funcionario perteneciente a otro servicio público –Hospital de Quilpué perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota- y que se encuentra en comisión de servicio en el SSVSA.
Al respecto, la auditoría señala que se incumple la norma que señala que en casos de subrogania "asumirá las funciones respectivas (...) el funcionario de la misma unidad que siga en orden jerárquico que reúna los requisitos para el desempeño del cargo".
En consecuencia, al auditoría dice que se debe dejar "sin efecto dicho nombramiento como subrogante, normalizando la subrogancia del cargo de acuerdo a las normas establecidas".
