Felipe González, abogado querellante que representa a la familia de Pascale Alvarado Soto, adolescente de 17 años desaparecida en noviembre de 2011 en Puchuncaví, planteó ante el Juzgado de Garantía de Quintero la incompatibilidad de las defensas privadas de los dos sujetos imputados por su secuestro, violación y homicidio.
Según González, ambos defensores están vinculados profesionalmente, lo que podría tener implicancias, pues uno de los acusados, Miguel Soto, ha sido amenazado de muerte por su compañero de delito, Mario Ulloa.
Dichas amenazas motivaron en febrero un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública en favor de Soto, quien había declarado previamente sobre la participación de Ulloa en el crimen de la joven. En esa línea, Ulloa fue formalizado como quien ejecutó el hecho, y Soto como quien facilitó los medios para su comisión.
González afirmó que quiere "colocar en evidencia que puede generarse una vulneración al debido proceso" debido a las circunstancias descritas: explicó que ambos defensores registraron la misma dirección –con oficinas distintas- y que en la web Defensores.cl figuran con el mismo número de WhatsApp como vía de contacto.
"(Ulloa) ha amenazado de muerte constantemente al imputado Soto. (...) Cuatro semanas después aparece la socia (Marcela García) de ese abogado (defensa de Ulloa, Gustavo Menares), tomando la defensa de Soto... Nos genera una preocupación en cuanto a una incompatibilidad de defensa, proyectándolo a un eventual juicio oral, si llega a traducirse en una nulidad del juicio. La verdad es que los esfuerzos en una causa que no es menor, que no tiene poca prueba, pueden causar consecuencias ulteriores", planteó el querellante.
Por lo anterior, el representante de las víctimas pidió que "se cite al imputado Soto –que no presenció la reciente audiencia (del caso)- para efectos de que se le ponga en conocimiento de esta situación, a fin de que pueda tener una noción completa de la misma".
"LLAMA LA ATENCIÓN", DICE LA FISCALÍA
El fiscal de la causa, Luis Ventura, reconoció que si bien se trata de imputados adultos que otorgaron el patrocinio a sus respectivos abogados, "llama la atención" el hecho de que ambos defensores aparezcan en la web con la misma oficina de fondo.
"Sería importante, para la tranquilidad de todos, que se escuche al señor Soto y que ratifique esto", indicó el persecutor.
DEFENSOR EXPRESA "MUCHA MOLESTIA" POR "ALEGACIÓN LIVIANA"
La intervención de González causó molestia en los abogados apuntados: "Acabo de asumir y aún no he manifestado la teoría de esta defensa", dijo Marcela García.
"La incompatibilidad o no, con los fundamentos que señala la parte querellante, a lo más, es una cuestión que debería debatirse en el tribunal oral, no en esta instancia. Ambos (con Gustavo Menares) somos del foro penal hace bastantes años. Generalmente los penalistas nos ubicamos y el hecho de que nos ubiquemos, no es fundamento para sostener una incompatibilidad", agregó García, defensora de Miguel Soto.
Por su parte, Gustavo Menares afirmó que sostener que "habría una suerte de concierto previo parece una alegación liviana, e incluso me causa mucha molestia desde el punto de vista de mi honra".
"Efectivamente, conozco a la abogada García, como conozco a muchos penalistas (...) No tengo ninguna relación profesional con ella más allá de las causas en las que hallamos intervenido. (...) La relación profesional que alguna vez tuve con ella es una relación antigua, no vigente desde que se inició la pandemia", dijo Menares, pese a que la página web aludida por la parte querellante presenta derechos del año 2021.
"Entiendo que toda la teoría del caso del querellante y del Ministerio Público está fundada sobre una suerte de delación compensada del señor Soto Cruces; de ahí este nerviosismo a que la defensa del señor Soto Cruces no esté manejada por la Defensoría Penal Pública. Pero eso no puede ser atribuido a mi persona y tampoco hacer imputaciones livianas como que acá estamos todos coludidos para obstaculizar al Ministerio Público", enfatizó.
RECHAZO DEL TRIBUNAL
Finalmente, la solicitud del querellante González fue rechazada por el juez Felipe Contreras: "No nos encontramos en los supuestos del Artículo 105 (del Código Procesal Penal); la regla, y así está establecida esta excepción, en cuanto a que un defensor pueda tener la defensa de varios imputados. El requisito de esta norma es que un defensor defienda a varios imputados".
Tras aquel debate, la audiencia de preparación de juicio oral –que iba a realizarse el lunes- fue reagendada para el 21 de junio a petición de la defensora García, quien solicitó tiempo para acceder a los datos de la investigación.
