La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso notificó a los ocupantes del terreno tomado en Quilpué que pertenece a la familia de Alejandro Correa -asesinado en 2020 por un sicario- sobre la orden judicial de demolición de los inmuebles allí levantados.
"La orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar emplazadas en zona de riesgo", dijo la seremi Belén Paredes.
"Es importante destacar que sostuvimos dos reuniones con las familias ocupantes, la primera desarrollada el 27 de septiembre, donde se dio a conocer la resolución y fecha de notificación. Asimismo, el 8 de octubre se realizó una mesa de trabajo intersectorial con las familias, municipio y Serviu Valparaíso, con la finalidad de conocer la situación de las familias ocupantes y vías de solución", añadió la autoridad.
Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, comentó que, con esto, "se cumple la primera parte de lo ordenado por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la Seremi de Vivienda".
"La segunda parte es ejecutar la demolición propiamente tal, y esperamos que esto se haga en el más breve plazo, dentro de los fondos que tiene el Serviu para el cumplimiento de sentencia", agregó la jurista.
"Además, nosotros hemos solicitado una audiencia de lobby con la delegada presidencial regional a objeto de conocer la planificación del auxilio de la fuerza pública en caso de que no se haga abandono voluntario de parte de las familias", finalizó Bruna.
Desde la fecha de la notificación -indicó la Seremi de Vivienda-, existe un plazo de 10 días para interponer reclamación judicial ante el Juzgado de Letras de Quilpué, en tramitación sumaria, en contra de la orden de demolición, acción que puede ser realizada por el propietario del inmueble o los ocupantes.
