La Cámara de Diputados aprobó, por unaniminad, la creación de una comisión investigadora para fiscalizar qué ha hecho el Gobierno en cuanto a la confección del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valapraíso, iniciado en 2015 y que estuvo envuelto en una serie de procesos irregulares que terminaron en la justicia.
A esto se suman la seguidilla de episodios de contaminación, siendo el último de ellos el varamiento de carbón en la playa de Ventanas.
La instancia parlanetaria también recabará "antecedentes, a partir del año 2011, sobre los planes, medidas y actuaciones que han llevado a cabo u omitido los Ministerios de Medioambiente, Salud y Energía, junto a sus respectivas secretarías regionales ministeriales, así como la Superintendencia de Medioambiente y la Oficina Nacional de Emergencia, del Ministerio del Interior en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, en torno a la gran contaminación que por años han soportado sus comunidades".
En la solicitud de esta comisión, se recordó que estas comunas han sufrido "importantes daños medioambientales a raíz de la desmedida actividad industrial que comenzó en 1955, con la instalación de la refinería de petróleos de Concón; seguida en 1958 por Chilgener; en 1961, con el complejo industrial Ventanas; y en 1964, con la llegada de Enami, también a Ventanas".
"Fiscalización real"
El diputado de Evópoli Pablo Kast destacó que "podemos celebrar por este primer paso que pudimos aprobar, unánimemente, esta comisión investigadora para ver las irregularidades y la historia trágica que ha habido respecto a la contaminación de la bahía de Quintero".
La diputada del PPD Carolina Marzán señaló que es "un llamado al Estado para que de una vez por todas fiscalice de manera real y con mecanismos que sean serios y objetivos con respecto a toda la contaminación que viven los vecinos y la comunidad de este sector".
María José Hoffmann (UDI), integrante comisión de medioambiente señaló que "alguien debe asumir el costo político de este error. Es necesario verificar que pasó con este plan, porque una zona como esta necesita de la máxima preocupación de todas las autoridades", precisó la diputada.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Diego Ibañez, dijo que esperaba que de la comisión salgan "propuestas concretas respecto de una nueva legislación que permita controlar los niveles de arsénico en el suelo, en el agua y a elevar el estándar de la norma ambiental".
La comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días para entregar un informe a la Sala de la Cámara de Diputados.
