Viña del Mar tiene un plazo de ocho días para informar sobre los antecedentes que justifican esta medida.
Los afectados cuestionan falta de transparencia y toma de decisiones arbitraria.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso prohibió a la Municipalidad de Viña de Mar ejecutar el decreto de demolición respecto de las casas afectadas por el megaincendio en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.
La decisión se basa en una orden de no innovar que concedió el tribunal de alzada tras la presentación de un recurso de protección por parte de 11 vecinos de dicho barrio viñamarino.
Se trata de una resolución que rige en beneficio de los recurrentes en la espera de que se discuta el recurso de protección en sala, para lo cual la Corte porteña dio un plazo de ocho días para que el municipio informe al tribunal "todos los antecedentes necesarios para la correcta inteligencia y resolución del recurso".
En ese sentido, el tribunal de alzada indicó que en esta etapa "la recurrida (el municipio) deberá abstenerse de ejecutar el decreto de demolición recurrido".
El abogado Sebastián Astuya sostuvo que "se les notifica vagamente de un decreto que ordena la demolición de ciertos departamentos de un edificio en circunstancias que, al revisar pormenorizadamente el referido documento, el referido decreto, se señala, por ejemplo, que se va a demoler el piso 2 y el piso 1 del edificio XX, en circunstancias de que muchos de ellos tenían la titularidad del piso 1 y del piso 4, cosa realmente ilógica, es inaceptable".
Sobre el recurso, presentado por los abogados Sebastián Astuya y Paulina Canepa, hace referencia a que muchos de los propietarios de inmuebles afectados no viven en ellos, sino que los arriendan.
En ese sentido, indicaron que "lamentablemente, la desinformación, caos y desorden en el actuar de las autoridades, llevó a que únicamente se otorgara, o se pensara en beneficios para los habitantes de los inmuebles consumidos por el fuego, y no así para los dueños de estos, personas, igual o mayormente afectadas, conforme a los aspectos narrados en el numeral anterior".
"Así fue como a mis amparados si bien se les permitió llenar la ficha básica de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social (FIBE) con posterioridad recibieron llamados, supuestamente desde la I. Municipalidad de Viña del Mar, desde donde indicaban, que, por ser dueños, y no residentes de los inmuebles, no serían beneficiados por dicho sistema, generando aún más desazón y desesperanza, ya que además se les hizo ver como si fueran delincuentes por buscar un beneficio", sostiene el documento.
Asimismo refiere el recurso sobre la baja de avalúo fiscal que "de manera unilateral" han sufrido las propiedades, pues "sin mediar proceso alguno ni tasación de organismos competentes, y 'en la oscuridad de la noche', las tasaciones de los inmuebles, habían sido reducidas en un 84%".
En la misma línea, el recurso sostiene que el decreto de demolición –del cual toman conocimiento formal el 9 de marzo- señala "de manera muy extraña que, de un edificio, donde se quemó el piso tres, demolerán sólo el primer y segundo piso. Ciertamente, esta situación entendemos que debe obedecer a un error, puesto que, de acuerdo a las leyes de la lógica, no resulta posible".
Ante aquella situación, los vecinos acusan "respuesta insatisfactoria" de las autoridades, quienes les habrían indicado –según el recurso- "que probablemente pudiesen existir errores, pues el catastro de la situación se habría hecho vía área mediante la utilización de drones".
En consecuencia, los afectados acusan "total falta de certeza jurídica" y "absoluta incertidumbre" respecto del acto administrativo, contexto en el que "ni siquiera ha ofrecido apoyo técnico y/o de emergencia para abordar la situación de habitabilidad de los afectados".
Asimismo, se señala que los vecinos recurrentes "se encuentran en el más absoluto estado de abandono con este acto administrativo, plasmado en el decreto alcaldicio que ordena la demolición de las viviendas".
De esta manera es que el recurso afirma que "el deber del Estado, de dar protección a la población y a las familias, ha sido totalmente omitido por el área social y legal de la I. Municipalidad de Viña del Mar, toda vez que, el Estado a través de sus organismos, tienen el deber de brindar ayuda a las familias afectadas por este brutal siniestro".
