La vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, afirmó en Cooperativa que dentro del partido ya están las firmas para acusar constitucionalmente a la jueza que dejó en libertad a Hugo Bustamante en 2016, el doble homicida que hoy es conocido como el principal sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo.
Este viernes el diputado y compañero de partido de Núñez, Arturo Longton, anunció que impulsaría esta acción en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, quien presidió en ese año de la comisión de libertades condicionales.
"Qué duda cabe que la muerte de Ámbar es desgarradora e inaceptable, que su asesinato desgarró el corazón de millones de chilenos, que todos debemos hacer un mea culpa como sociedad, que hay que avanzar con firmeza para que se haga justicia, y que esta situación lógicamente no quede impune, y me refiero a que toda responsabilidad debe ser asumida", planteó la parlamentaria en El Diario de Cooperativa.
En ese sentido, afirmó que la acusación constitucional "es una atribución de las diputadas y diputados y la vamos a ejercer, y lo quiero dejar en claro a propósito de discusión y conversaciones que hemos tenido en las últimas horas".
"Si bien en este periodo legislativo se modificó la ley de libertades condicionales y se derogó el inciso que permitió que el asesino de Ámbar estuviera en libertad, la falta de juicio que puede tener un juez o una jueza al momento de otorgar y no aquilatar el peligro que puede constituir para otras personas, niños o adolescentes que un sujeto con estos antecedentes quede en libertad también debe ser sancionada", enfatizó.
De acuerdo a Núñez, la acusación "suma fuerzas dentro de Renovación Nacional", y adelantó que durante la reunión de su bancada en esta jornada y de la mesa directiva el día lunes se revisarán los antecedentes para llegar a una decisión colectiva, aunque aseguró que "las firmas están, y me atrevo a decir que en forma transversal".
Respecto a los últimos cambios a ley de libertades condicionales, que fueron aprobados sin votos de Chile Vamos, la diputada reflexionó que "si hay un sector que ha ido avanzando en endurecer las penas precisamente es nuestro sector".
Desde Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Coke aseguró que este partido también apoyará esta acción contra la jueza Donoso.
PS se abre a evaluar acusación
En la oposición, en tanto, los diputados del PPD aún no se han reunido para analizar la situación, lo mismo que en el PS, pero donde manifiestan su apertura a evaluar una acusación a la jueza.
"Aún no nos hemos reunido por este tema, no lo hemos conversado, sin embargo, estamos pronto a evaluar la situación y si hay méritos para presentar una acusación constitucional, la vamos a apoyar; pero no nos vamos a quedar indiferentes ante esta situación, nos parece gravísimo saber cuál es el origen de esto, por qué sucedió", dijo Luis Rocafull, jefe de a bancada socialista.
Asimismo, aseguró que la Comisión de Familia de la Cámara Baja citará a diversas autoridades para que den cuenta de la situación, como la dirección del Sename y el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
"Las autoridades públicas deben responder de sus actos"
En esta misma línea, la abogada de la Fundación Amparo y Justicia, Karen Hein, señaló que las autoridades deben responder de sus actos.
"Creo que las autoridades públicas deben responder de sus actos, están puestas en los lugares que les toca tomar decisiones importante, lugares de responsabilidad", afirmó la abogada.
"En este caso donde le están sugiriendo que no deje en libertad a una persona de alta peligrosidad y a los cuatros años perdemos la vida de Ámbar en las condiciones que ya conocemos, el Congreso es libre de hacer una acusación constitucional en la medida que se cumplan los requisitos legales, pero no nos olvidemos de otros mecanismos de control que existen y deberían operar también", detalló Hein.
Proponen endurecer requisitos para beneficios carcelarios
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, presentó un proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para optar a beneficios carcelario a quienes fueron condenados por homicidio simple.
"Soy un convencido que un homicida de estas características no debe tener ningún tipo de beneficio carcelario, sin embargo, el homicidio simple, que fue el delito por el que se le condenó, tiene una tipificación tan amplia que existen en diversas hipótesis de mayor o menor intensidad que quedan incluidas en las misma figura", apuntó el parlamentario.
"Por eso estamos presentando este proyecto para quienes sean condenados por homicidio simple deban cumplir al menos con dos tercios de su condena y evidentemente contar con un informe de Gendarmería favorable para poder optar a la libertad condicional", afirmó Calisto.
