Los propietarios del hotel Queen Royal cobraron cheques de facturas ya anuladas.
Quedaron con arraigo nacional y se ordenó la retención de otros cheques que estaban pendientes de cobro.
Con arraigo nacional quedaron los miembros de la Sociedad Gran Pacífico Spa de Viña del Mar, propietaria del hotel Queen Royal, luego de ser formalizados por el delito de fraude al Fisco por un perjuicio de $82 millones tras detectarse cobros indebidos mientras el recinto operaba como residencia sanitaria.
Se trata de Claudio Benavides y Mauricio Rojas, quienes fueron investigados e imputados por la Unidad Regional Anticorrupción, estableciendo que desde el 4 de junio de 2020 dicho hotel funcionaba como residencia sanitaria tras pactar una tarifa con el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), que en enero de este año se querelló contra ambos imputados.
El 27 de junio, el Ministerio de Salud establece que la gestión de las residencias estará a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, lo que obliga a ejecutar nuevos contratos, por ello se puso término al suscrito en primera instancia, argumentó Fiscalía.
"A pesar de estar extinguida la obligación de pago que el SSVQ tenía con la sociedad por los servicios prestados durante el mes de junio del 2020 -mediante cheque manual- los imputados previamente concertados, aparentando un crédito con dicho Servicio, retiraron y cobraron el cheque girado por Tesorería General de la República, en pago de la factura 1, que había sido anulada por ellos mismos", indicó el fiscal Claudio Rebeco en audiencia.
Agregó que "en efecto, el cheque emitido por $76.077.890, fue retirado por Mauricio Rojas el día 11/09/2020 y cobrado por él mismo el día 15/09/2020 todo ello con pleno conocimiento y connivencia de Claudio Benavides", detalló el persecutor.
Posteriormente, indicó el Ministerio Público, "el representante legal de la Sociedad aparentando un crédito vigente y omitiendo la circunstancia de haber saldado el Estado la obligación devengada por los servicios prestados en el período del 1 al 7 de julio, se emite una factura por más de seis millones de pesos, por servicios de habitación y salón, la que es cancelada por Seremi de Salud, quien desconocía el pago efectuado de manera electrónica por el Estado".
"La investigación permitió establecer que los imputados actuaron fraudulentamente en el cobro de facturas que habían sido anuladas previamente por el propio emisor. El perjuicio fiscal asciende en este caso a una cifra cercana a los 82 millones de pesos, cifra que percibieron íntegramente y que se han negado a reintegrar a la víctima", dijo Rebeco.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar junto con decretar arraigo nacional para los imputados, ordenó la retención de otros cheques girados en pago de una factura ya cancelada.
