En prisión preventiva quedaron cuatro personas formalizadas por tráfico de drogas: son sospechosos de formar parte de una banda que pretendía sacar del país casi 100 kilos de clorhidrato de cocaína hacia Países Bajos en Europa, a través del Puerto de San Antonio.
Se trató de la operación "Tantakuy", llevada a cabo entre el OS-7 de Carabineros y la Armada, que arrojó la captura de dos ciudadanos chinos, un albanés y un peruano. Mediante agentes encubiertos se estableció que el 20 de abril en Viña del Mar, el ciudadano europeo se reunió con dos personas para acordar probar una nueva ruta marítima para el traslado de droga desde Chile hacia el viejo continente.
De esta manera, posteriormente en Santiago, el hombre europeo presuntamente entregó 73 millones de pesos para que un agente encubierto contaminara un contenedor con la droga que se almacenaba en un departamento de Recoleta, bajo la custodia de un ciudadano peruano.
Asimismo, se sospecha de que dos ciudadanos chinos eran los encargados de mover el dinero que ingresó a Chile desde Europa por transferencias fronterizas informales.
El fiscal de Focos, Maximiliano Krause, informó que los sujetos "conformaron un grupo organizado personas, con el objetivo de llevar a cabo a lo menos dos operaciones de tráfico de clorhidrato de cocaína, desde puertos chilenos a puertos del Reino de Los Países Bajos. Correspondiendo al (primero de ellos) a encargarse de la contratación de la logística necesaria en Chile para la contaminación de un contenedor tipo reefer, además de mantener el contacto con quienes tenían almacenada la droga en la ciudad de Santiago".
"(Otro sujeto), encargado de almacenar droga y proceder a su entrega a quien le instruyera (el primero). (Los ciudadanos chinos) eran encargados de proveer el dinero necesario para financiar la operación de contaminación y envío de la droga por vía marítima desde el Puerto de San Antonio al puerto de Rotterdam, dinero que fue recibido por ellos por medio de un sistema informal de transferencia desde el Reino de Los Países Bajos, con encargo de entregárselo, sin dejar registro (del primer sujeto)", añadió el persecutor.
La defensa de los imputados se opuso a la prisión preventiva, argumentando dentro de otras cosas, que no se acreditó un concierto previo de los acusados y que Fiscalía se basó sólo en apreciaciones policiales.
Sin embargo, el juez Rodolfo Moreno estimó que se probó la comisión del delito y que se fundó la participación de los acusados.
"Tratándose de una estructura delictiva de esta naturaleza, es perfectamente posible que haya conocimiento y actividad compartimentada, de tal manera que no todos tienen que saber todo. Puede haber una estructura piramidal, donde las cabezas de todo esto esté posiblemente fuera de Chile. Hay un gravísimo peligro para la seguridad de la sociedad y de la salud pública, no solamente de los chilenos, sino que de aquellos a quienes estaba destinada esa droga", afirmó el juez Moreno.
120 días de plazo de investigación se dieron para realizar peritajes respecto de los imputados, de los cuales solo el europeo se encuentra en situación regular al haber ingresado a Chile en calidad de turista para intentar realizar el traslado de la droga vía marítima.
Lo anterior, a juicio del Ministerio Público, pone en riesgo la integridad del Estado, la seguridad ciudadana y la salud pública, al ser los sujetos considerados un peligro para la sociedad.
